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Economía

Gestha denuncia que España ha perdido más de medio billón de euros de recaudación desde que entró en vigor el sistema de financiación autonómica

Agencias
@DiarioSigloXXI
viernes, 28 de julio de 2017, 12:32 h (CET)
MADRID, 28 (SERVIMEDIA)



Las arcas públicas españolas han dejado de ingresar 551.348 millones de euros por la menor presión fiscal respecto a la Eurozona desde que entró en vigor el actual sistema de financiación autonómica, según calcula el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) a raíz de los resultados extraídos del informe de la comisión de expertos para revisar el modelo de financiación autonómica, estudiado hoy por el Consejo de Ministros.

Además, Gestha advierte de que esa pérdida de ingresos que se ha producido entre 2009 (cuando se puso en marcha el actual sistema de financiación) y 2015 (último año con datos disponibles en el ámbito europeo) aumentará con toda seguridad en 2016 y 2017, ante la rebaja fiscal que se aplicó en 2015.

Por otro lado, Gestha considera "una carencia inexplicable" que el informe de los expertos haya omitido datos de la presión fiscal en España comparada con el resto de países de la Eurozona, pues todos están sometidos a los mismos objetivos de estabilidad presupuestaria.

Por otra parte, Gestha echa en falta que la comisión de expertos no haya puesto el foco de la atención en la auditoría financiera y de regularidad, la fiscalización operativa de eficacia, eficiencia, economía y equidad, el control interno a cargo de las intervenciones generales y el control del Tribunal de Cuentas, que se limitan a circunscribir al control del Fondo de Compensación Interterritorial.

En cuanto a las medidas tributarias que propone el informe, Gestha rechaza la idea que subyace de mejorar la financiación de las CCAA a través de futuras subidas del IVA y de los copagos en sanidad, educación y servicios sociales, dada la regresividad que conllevan.

Por último, Gestha valora que la comisión de expertos considere que el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones “cumple una misión redistributiva necesaria” y que, por tanto, no existen razones para derogarlo ni para que ciertas comunidades lo supriman.

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