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Gürtel. 150 informadores de 83 medios seguirán en la Audiencia Nacional la declaración de Rajoy

Agencias
@DiarioSigloXXI
lunes, 24 de julio de 2017, 14:53 h (CET)
- El organismo judicial dará un trato preferente al presidente en su declaración del miércoles



MADRID, 24 (SERVIMEDIA)



Un total de 312 profesionales de medios de comunicación, entre redactores, cámaras, fotógrafos y técnicos, están acreditados para seguir el próximo miércoles la declaración del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, como testigo en el juicio de la trama 'Gürtel'. Los 150 informadores que seguirán la declaración pertenecen a 83 medios de comunicación, 21 de ellos extranjeros.

De todos los profesionales de los medios que se desplazarán a la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), sólo podrán entrar a las instalaciones judiciales 150 informadores y únicamente 30 de ellos podrán seguir la declaración desde la sala de vistas. Ninguno podrá abandonar la sala hasta que haya terminado la declaración.

De los medios de comunicación acreditados, 62 son nacionales y 21 internacionales. Hay 29 televisiones registradas y seguirán la declaración de Rajoy televisiones extranjeras, entre las que hay una rusa, la televisión pública alemana y varias de Iberoamérica, entre ellas Televisa o Caracol.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

La declaración del presidente del Gobierno y su llegada a la Audiencia Nacional estará protegida por un fuerte dispositivo policial que ha coordinado directamente Moncloa. Las medidas policiales van a ser muy estrictas e incluyen limitaciones a la circulación y el aparcamiento en la zona.

La Audiencia Nacional dará un trato preferente a Rajoy, que en principio está previsto que sea recibido por el presidente del órgano judicial, José Ramón Navarro. Además, el jefe del Ejecutivo no se sentará en la mesa que está frente al tribunal, con los acusados a su espalda, sino que se situará en el estrado, a un lado de la sala y a la misma altura que los abogados y los jueces que integran el tribunal.

Aunque la decisión no es firme, el presidente de la Audiencia Nacional quiere tener la deferencia de recibir en la puerta a Rajoy y acompañarle hasta la sala del juicio. Ya anunció su intención de dar un trato privilegiado al presidente cuando fue él, personalmente, quien le remitió la citación para comparecer en el juicio, para dar al acto un carácter institucional.

Estos privilegios no están contemplados en ninguna de las normas que regulan la comparecencia de testigos en un juicio. Más allá de la prerrogativa del presidente para proponer una fecha que interfiera lo menos posible en su agenda, las condiciones en las que se le tomará declaración deberían diferenciarse muy poco de lo establecido para cualquier ciudadano.

Rajoy no comparece ante el tribunal en razón de su cargo, sino como ciudadano que puede tener conocimiento de la presunta existencia de una 'caja B' y una posible financiación irregular en el Partido Popular. Con las salvedades adoptadas podrá evitar la fotografía con Francisco Correa y con Luis Bárcenas detrás de él y preservar así su “imagen institucional”.

UNA SEDE SEGURA

Nueve meses después del inicio del juicio por la primera etapa de la trama 'Gürtel' entre 1999 y 2005, el presidente del Ejecutivo comparecerá como testigo en la sede que tiene la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares entre excepcionales medidas de seguridad. Los posibles riesgos fueron precisamente uno de los argumentos esgrimidos por Moncloa para pedir al tribunal que permitiera a Rajoy declarar por videoconferencia. El argumento fue desechado por la mayoría del tribunal, que considera segura la sede de San Fernando de Henares.

La decisión de citar a Rajoy fue adoptada con los votos de dos de los tres miembros del tribunal. Los magistrados José Ricardo de Prada y Julio de Diego apoyaron la petición de la Asociación de Abogados Demócratas (Adade), en contra del presidente del tribunal, Ángel Hurtado. Esta asociación había solicitado la comparecencia de Rajoy en dos ocasiones anteriores y se le denegó.

En su declaración a inicio del juicio, el cabecilla de la trama, Francisco Correa, afirmó ante el tribunal que daba dinero al extesorero del PP Luis Bárcenas y que financiaba al PP, con sobres que llevaba personalmente a la sede nacional del Partido Popular situada en la calle Génova de Madrid.

Además, el PP se sienta en el banquillo como responsable civil y partícipe a título lucrativo de esas actuaciones. En concreto, se estudia si hubo financiación ilegal del partido en las campañas electorales que llevaron a Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato, y a Guillermo Ortega a las alcaldías de Pozuelo de Alarcón y de Majadahonda, respectivamente.

En el juicio se tratará de esclarecer si Rajoy, que era secretario general del PP en esos años, se enteró de la supuesta financiación irregular de su partido, si conoció la existencia de sobornos y si vigiló el cumplimiento de la orden de dejar de trabajar con las empresas de la trama en 2004.

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