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Nacional

El Supremo confirma el archivo de la investigación contra el senador del PP Pérez Ruiz

Agencias
@DiarioSigloXXI
lunes, 23 de mayo de 2011, 12:45 h (CET)
MADRID, 23 (SERVIMEDIA)



La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado el archivo definitivo de la investigación abierta al senador del PP Pedro José Pérez Ruiz, al que se acusaba de presuntos delitos de prevaricación y coacciones por la expropiación irregular de un local de hostelería en San Pedro del Pinatar (Murcia), localidad de la que fue alcalde hasta 2007.

Los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo han desestimado el recurso de apelación interpuesto por el querellante, la sociedad Panabeni, contra el archivo de la causa, dictado en diciembre de 2010 al concluir que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito.

“Declarada la falta de acreditación de los hechos que en su día determinaron la incoación de la causa penal contra el aforado, procede desestimar el recurso de apelación”, señala el auto dictado hoy por el Alto Tribunal.

La querella contra el senador popular fue interpuesta en febrero de 2010 por el propietario de uno de los locales de ocio que el Ayuntamiento de la localidad murciana intentó expropiar.

La querella fue interpuesta ante el Juzgado de Instrucción número 1 de San Javier (Murcia), órgano jurídico que, ante la condición de aforado de Pérez Ruiz, decidió en septiembre pasado remitir las actuaciones al Tribunal Supremo.

El Alto Tribunal decidió abrir una investigación en contra del criterio de la Fiscalía, que pidió el archivo de la querella, al considerar que los hechos no son constitutivos de delito.

El querellante denunciaba en su escrito que, tras varios años de actividad sin problemas administrativos relevantes, el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar solicitó a los propietarios de varios locales de hostelería de la localidad la firma de un convenio en virtud del cual el Consistorio “obtenía la propiedad de los locales y permitía la explotación industrial durante 15 años a los propietarios”.

El propietario se negó a firmar el citado convenio, por lo que el Ayuntamiento ordenó el cierre de su establecimiento, una resolución que fue anulada por la jurisdicción contenciosa administrativa.

 
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