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El CGPJ publica la 'Guía práctica de actuación en la tramitación de causas complejas por corrupción'

Agencias
@DiarioSigloXXI
miércoles, 5 de julio de 2017, 11:43 h (CET)
- Con pautas para investigar delitos de defraudación, corrupción entre particulares, blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación y contra la Hacienda Pública

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)



El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha publicado la 'Guía práctica de actuación en la tramitación de causas complejas por corrupción', que se distribuirá entre los miembros de la Carrera Judicial con el objetivo de facilitar la tramitación de este tipo de procedimientos y dar una ágil y pronta respuesta a los mismos, facilitando la adopción de decisiones y proporcionando una mayor seguridad jurídica en esta materia.

El documento desarrolla el protocolo de actuación de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC), constituida en marzo de 2015 como una unidad de carácter técnico al servicio de los jueces y magistrados, integrada en la Secretaría General del CGPJ y cuya función principal consiste en agilizar la adopción de las medidas necesarias para el reforzamiento de los juzgados en los que se tramiten causas por corrupción.

La guía propone pautas de actuación en la investigación de los tipos delictivos incluidos en el ámbito competencial de la UACC, como las defraudaciones, insolvencias punibles, alteración de precios en concursos y subastas públicas, delitos relativos a la propiedad intelectual, industrial y al mercado y los consumidores, corrupción entre particulares, delitos societarios, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y delitos de corrupción en las transacciones internacionales.

El texto ofrece un catálogo de buenas prácticas que abarcan todas las fases del procedimiento, desde la organización material de la causa, donde se recomienda elaborar desde el primer momento un plan o memoria de necesidades funcionales, de personal y materiales, hasta su enjuiciamiento.

En el capítulo dedicado a la fase de instrucción, por ejemplo, se abordan cuestiones como la conexidad de delitos, las piezas separadas de investigación, el secreto de las actuaciones, los volcados informáticos, las inhibiciones y los aforamientos, mientras que en el referido al juicio oral se tratan asuntos como la preparación de la vista o los motivos de suspensión.

La guía también hace referencia a las relaciones del juez instructor con otros operadores jurídicos en las causas por corrupción, como la Fiscalía, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Agencia Tributaria, la Intervención General de la Administración del Estado y otros organismos públicos de control, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos o el Tribunal de Cuentas.

Se incluye asimismo un apartado sobre los medios de comunicación y la información que, a través de las Oficinas de Comunicación del CGPJ, se puede ofrecer en cada etapa del procedimiento, contribuyendo así a dar publicidad a la capacidad del sistema judicial para imponer sanciones penales disuasorias, clara señal de que ésta no se tolera.

APOYO A ÓRGANOS JUDICIALES

La guía recoge las medidas de apoyo a los órganos judiciales encargados de la lucha contra la corrupción que el Consejo General del Poder Judicial puede adoptar en el ámbito de sus competencias: de refuerzo judicial, dirigidas a garantizar la independencia de jueces y magistrados, tendentes a recabar la colaboración de las administraciones públicas, de apoyo del Servicio de Relaciones Internacionales y de formación.

De este modo, el texto incluye el modelo de solicitud de medidas de refuerzo judicial, refiere las actuaciones que puede desarrollar la UACC ante las administraciones y enumera las medidas de apoyo que se pueden solicitar al Servicio de Relaciones Internacionales, como la asistencia para cursar comisiones rogatorias o en relación con instrumentos de reconocimiento mutuo o la gestión de los desplazamientos del juez español durante la ejecución de la petición de cooperación internacional.

Además, y como una medida más de auxilio a los jueces y magistrados que investigan y enjuician delitos de corrupción que estará disponible próximamente, el CGPJ está trabajando en la constitución de un grupo de apoyo directo a los mismos, formado por magistrados especialistas en esta materia en el ámbito de los respectivos tribunales superiores de justicia y en el de la Audiencia Nacional.

Incorpora también un catálogo de las disposiciones normativas de utilidad en la lucha contra la corrupción, desde el Código Penal a las leyes General Tributaria, de control de la actividad económica-financiera de los partidos políticos o reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

El texto también recoge los instrumentos internacionales sobre esta materia en los ámbitos de Naciones Unidas, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y europeo, con información sobre los instrumentos de asistencia convencional y de reconocimiento mutuo y referencias a las órdenes europea de detención y entrega y de investigación, las medidas alternativas a la prisión provisional y el embargo preventivo y aseguramiento de prueba.

Tanto en un caso como en otro, la versión electrónica de la guía incluye enlaces a la página web del Boletín Oficial del Estado y al prontuario del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) que recoge toda la información de interés en relación con las distintas actividades jurisdiccionales que inciden en la cooperación internacional, de modo que se puede acceder directamente a la norma o el instrumento internacional que se quiera consultar.

El documento, por último, incluye un directorio de contactos útiles con números de teléfono y direcciones de correo electrónico de los organismos de la Administración del Estado, departamentos policiales e instancias internacionales con competencias en la lucha contra la corrupción, así como de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial que prestan apoyo a los jueces y magistrados que desarrollan esta labor.

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