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Nacional

La Fiscalía pide 50 años para siete de los ocho acusados de agredir a dos guardias civiles y sus novias en Alsasua

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 4 de julio de 2017, 15:12 h (CET)
MADRID, 04 (SERVIMEDIA)



La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide un total de 50 años de prisión para siete de los ocho acusados de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas ocurrida el 15 de octubre de 2016 en la localidad navarra de Alsasua. El ministerio público atribuye a cada uno de ellos cuatro delitos de lesiones terroristas penados con 12 años y medio de prisión cada uno de los delitos que se les atribuyen. Para la octava investigada, la Fiscalía pide 12 años y medio por un delito de amenazas terroristas.

El pasado día 1 de junio, el Tribunal Supremo consideró que hay indicios de que la agresión puede encajar en la tipificación del Código Penal que considera terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o integridad física cuando se lleva a cabo con la finalidad de provocar un estado de terror en la población o parte de ella. Ese es el criterio que ha venido sosteniendo la jueza instructora Carmen Lamela.

“La gravedad del delito no puede excluirse por el momento, dada la entidad de las lesiones sufridas por uno de los agentes. Y, en cuanto a la concurrencia de las finalidades previstas en el artículo 573.1 del Código Penal, inicialmente puede apreciarse de modo indiciario que, habiéndose ejecutado los hechos dentro del marco de conductas dirigidas a crear en los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de sus familias un estado de terror e inseguridad que los impulse a abandonar los mencionados territorios, tampoco puede descartarse que la finalidad de los hechos fuera provocar tal estado emocional en las personas que aparecen como víctimas de los hechos”, argumentaba la Sala.

Los informes policiales acreditan que un grupo de personas, alguna de las cuales, aparece indiciariamente relacionada con organizaciones orientadas a expulsar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la Comunidad Foral de Navarra y del País Vasco, mediante actuaron con "actos reiterados de protesta, presión y hostigamento contra los agentes y sus familias".

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