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Nacional

La Audiencia Nacional condena a 75 años de cárcel a “Txapote” por el asesinato de dos guardias civiles

Agencias
@DiarioSigloXXI
jueves, 19 de mayo de 2011, 17:59 h (CET)
MADRID, 19 (SERVIMEDIA)



La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a 75 años de cárcel al exjefe militar de ETA Javier García Gaztelu, alias “Txapote”, por ordenar presuntamente el atentado contra la casa-cuartel de Sallent de Gállego (Huesca), en el que fallecieron los agentes de la Guardia Civil Irene Fernández Perera y José Ángel de Jesús Encinas.

El tribunal de la Audiencia Nacional ha condenado también a sendas penas de 75 años a los etarras Aitor Aguirrebarrena y Asier Arzallus como autores materiales del atentado.

La sentencia dictada hoy por la Sección Primera de lo Penal considera probado que los etarras José Ignacio Guridi Lasa -ya condenado por estos hechos-, Aitor Aguirrebarrena y Asier Arzallus formaron en el verano de 1999 el “comando Ttotto” bajo la dirección de “Txapote”, quien les remitió información sobre posibles objetivos contra los que atentar, así como el material necesario para realizar las acciones terroristas.

García Gaztelu informó a Guridi que en la localidad de Sallent de Gállego (Huesca) había un vehículo de la Guardia Civil, marca Nissan Patrol, al que se le podía colocar fácilmente una bomba-lapa en los bajos ya que la falta de espacio en el acuartelamiento les obligaba a aparcarlo en el exterior, sin medidas de seguridad.

TRES KILOS DE EXPLOSIVO

Tras comprobar la información, Guridi confeccionó una bomba de tres kilos de explosivo en una cuadra que su familia posee en Zizurkil (Guipúzcoa) con el material remitido desde Francia.

Guridi, Aguirrebarrena y Arzallus llegaron en la tarde del 19 de agosto a la localidad oscense y, sobre las 23.00 horas, colocaron la bomba-lapa en los bajos del vehículo de la Guardia Civil que les había indicado “Txapote”.

El artefacto hizo explosión sobre las 6.00 horas del día siguiente, asesinando a Fernández Perera e hiriendo de gravedad a De Jesús Encinas, quien falleció poco más tarde en un hospital de Huesca.

Los hechos fueron reivindicados por ETA a través de un comunicado publicado por el diario “Gara” el 1 de septiembre de ese año.

En base a estos hechos, los magistrados de la Sección Primera de lo Penal, presididos por Javier Gómez Bermúdez, han encontrado a García Gaztelu, Aguirrebarrena y Arzallus culpables de dos delitos de asesinato terrorista y de un delito adicional de estragos.

DECLARACIONES INCULPATORIAS

La condena se ha basado, entre otros elementos probatorios, en la declaración prestada por el etarra José Ignacio Guridi Lasa ante la Ertzaintza tras su detención, que tuvo lugar en febrero de 2001, y en la que inculpó a “Txapote”, Aguirrebarrena y Arzallus en el atentado de Sallent de Gállego.

Para reafirmar la veracidad de esta declaración, los magistrados señalan que “son varias las coincidencias de su relato con los datos ya desvelados” y que “ciertas circunstancias sólo estaban al alcance del autor”. Guridi Lasa, a pesar de comparecer como testigo, se negó a declarar durante la vista oral, que tuvo lugar el pasado mes de abril, por lo que se le impuso una multa de 2.000 euros por un delito de desobediencia.

La sentencia subraya además que en una agenda que llevaba “Txapote” cuando fue detenido en Anglet (Francia) el 22 de febrero de 2001 se mencionaba hasta en cuatro ocasiones al “comando Ttotto”. Una de estas referencias estaría relacionada con la entrega del material explosivos que los etarras utilizaron para llevar a cabo el atentado.

“García Gaztelu cooperó en la ejecución con actos y aportaciones imprescindibles, como fueron la adquisición de la información para la selección del objetivo terrorista y el suministro de los materiales y el explosivo necesario para construir la bomba-lapa”, indica la sentencia.

Además de los 75 años de prisión, la Audiencia Nacional ha condenado a los tres etarras a indemnizar a los padres de las víctimas con 400.000 euros en cada caso.

La resolución ha contado con el voto particular discrepante de Ramón Sáez Valcarcel, uno de los tres magistrados del tribunal, al entender que la declaración prestada por Guridi Lasa tras ser detenido no puede servir para dictar una sentencia condenatoria.

 
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