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Sociedad

Una comunidad de vecinos de Málaga exige el castellano a sus propietarios para ser presidentes

Agencias
@DiarioSigloXXI
miércoles, 18 de mayo de 2011, 12:20 h (CET)
- Según la Asociación Diversidad y Convivencia

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)



La Comunidad de Propietarios Torres de San Andrés de Málaga ha acordado que para ser presidente del vecindario será necesario saber castellano hablado y escrito, así como que los gastos de intérprete y traducción a otros idiomas corran a cargo de las personas que los necesiten y soliciten, según informó la Asociación Diversidad y Convivencia, que se ha mostrado a favor de este acuerdo.

El acuerdo es consecuencia de lo que ocurre en comunidades de propietarios ubicadas, principalmente, en municipios turísticos de Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña, Islas Baleares y Canarias, donde para hablar con el presidente de la comunidad se necesita un intérprete.

Así lo explica este miércoles la Asociación Diversidad y Convivencia, que señala también que hay comunidades donde los propietarios españoles y los que conocen el idioma tienen que contribuir a los gastos que ocasionan los servicios de traductores e intérpretes a idiomas no reconocidos en el artículo 3 de la Constitución Española, que son el castellano y los oficiales de las comunidades autónomas.

Ante esta situación, Diversidad y Convivencia ha solicitado a los grupos políticos del Congreso y del Senado que reformen "urgentemente" la Ley de Propiedad Horizontal para que recoja en su articulado los idiomas que deben utilizarse en las comunidades de propietarios y ayude así a resolver los problemas lingüísticos que existen ahora en algunas comunidades por el turismo residencial.

José Antonio Sierra, portavoz de Diversidad y Convivencia, dijo a Servimedia que "es impensable" que un español se haga presidente de una comunidad de vecinos de un país cuya lengua no domina.

Por otra parte, esta asociación solicitará a todos los ayuntamientos de Andalucía y de otras comunidades que aprueben una ordenanza municipal para exigir que los rótulos de los establecimientos comerciales estén como mínimo en español, y que dispongan de personal con conocimientos del castellano para poder atender a sus clientes si desean comunicarse en el citado idioma.

 
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