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Economía

Competencia multa a las eléctricas con más de 60 millones de euros

Agencias
@DiarioSigloXXI
viernes, 13 de mayo de 2011, 14:16 h (CET)
MADRID, 13 (SERVIMEDIA)



El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha resuelto que las cinco principales empresas eléctricas del país, y la patronal que las agrupa (Unesa), son responsables de sendas infracciones por haber obstaculizado el cambio de comercializador en el mercado libre y haber tratado de fijar precios a los grandes clientes en el marco de la desaparición de las tarifas eléctricas. Las multas impuestas por el regulador ascienden a más de 60 millones de euros.

En concreto, según precisó el regulador este viernes, la multa impuesta a Endesa asciende a 26,6 millones de euros; la impuesta a Iberdrola supone 21,6 millones; la sanción a Gas Natural Fenosa es de 8,8 millones; la de HC de 1,8 millones; la de E.ON supone 1,4 millones y la de la patronal Unesa a 900.000 euros.

El 17 de junio de 2009, la Dirección de Investigación de la CNC tuvo conocimiento de determinadas comunicaciones llevadas a cabo por Iberdrola Distribución Eléctrica y Endesa Distribución Eléctrica relativas a la suspensión, por parte de las mismas, de la gestión telemática de solicitudes de baja tensión y el corte de operaciones.

Se trataba de un momento importante para la comercialización de energía eléctrica, porque el 1 de julio de 2009 desaparecían las tarifas y los consumidores domésticos y pymes tenían que elegir comercializadora en el mercado libre. Aquellos que no lo hicieran y tuvieran derecho a la llamada Tarifa de Último Recurso, pasarían inmediatamente a la Comercializadora de Último Recurso de la red del grupo.

A la vista de dicha información, la Dirección de Investigación inició una información reservada en el marco de la cual descubrió que el resto de las empresas habían enviado notas similares.

El 24 de junio de 2009, la CNC decidió incoar expediente sancionador contra los cinco principales grupos eléctricos y proponer al Consejo de la CNC la adopción de medidas cautelares, que fueron dictadas mediante resolución de 1 de julio de 2009.

PRÁCTICAS MUY GRAVES

Finalmente, el organismo que preside Luis Berenguer ha dictaminado que estas compañías han incurrido en prácticas "muy graves".

En primer lugar, entiende que las empresas eléctricas acordaron denegar datos para dificultar a las comercializadoras independientes el acceso a los datos sobre clientes que la Ley prevé. De este modo, obstaculizaron -según Competencia- la aplicación de la normativa aprobada por el Gobierno para facilitar a terceros el acceso a esta información, contribuyendo a elevar las barreras a la entrada en un mercado en proceso de liberalización. Todas estas actuaciones se habrían producido en el seno de Unesa, la asociación del sector que agrupa a las cinco eléctricas que representan el 99% de la energía comercializada a clientes domésticos.

En segundo lugar, las empresas eléctricas habrían acordado, también en el seno de Unesa, los precios y otras condiciones comerciales para los grandes clientes cuando salieran al mercado de cara a la desaparición de la tarifa regulada el 1 de julio de 2008.

Competencia afirma que en los servicios eléctricos "los clientes muestran mucha inercia y existen elevados costes de acceso, tanto para los clientes como para las comercializadoras independientes. En este contexto, cualquier obstáculo adicional que se genere artificialmente por los operadores incumbentes favorece la permanencia del cliente en el grupo de electricidad al que viene conectado. Por ello, tales conductas tienen el efecto de elevar las barreras de entrada al mercado".

Esta concertación, añadió, tiene el efecto adicional de reducir la intensidad competitiva entre las cinco principales empresas eléctricas que se coordinan en el seno de Unesa.

Los datos "ponen de manifiesto que las comercializadoras de cada grupo se han centrado en captar los clientes en el mercado libre fundamentalmente en las zonas de la red de distribución del grupo, lo que revela una escasa intensidad competitiva entre ellas en el periodo considerado 2006-2009". El Consejo ha declarado responsables de estas prácticas a las cinco empresas eléctricas: Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Hidroeléctrica del Cantábrico y E.ON y también a Unesa, cuya colaboración "ha sido esencial en el desarrollo de estas conductas", concluyó.

 
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