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Economía

La reducción de la inversión pública hará que las constructoras pierdan negocio equivalente a 4,5 puntos del PIB

Agencias
@DiarioSigloXXI
jueves, 12 de mayo de 2011, 11:17 h (CET)
- Seopan afirma que provocará un descenso del 1% del PIB, del 1% de los salarios y del 1,8% del empleo

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)



El presidente de Seopan, la patronal de las grandes constructoras, David Taguas, afirmó este jueves que el programa de estabilidad para 2011-2014 aprobado por el Gobierno implica una pérdida de negocio para las constructoras equivalente a 4,5 puntos del PIB: Unos 45.000 millones de euros menos de lo que el sector esperaba hace algo más de un año.

En su intervención en el VI Encuentro del Sector de Infraestructuras, centrado en la “Situación actual y perspectivas del sector de las infraestructuras de transporte”, Taguas admitió que el plan de consolidación fiscal es “imprescindible” y que, por ello, desde las constructoras “lo apoyamos a rajatabla; si no, no hay futuro”.

Sin embargo, criticó que este programa “está soportado por una reducción del gasto productivo que puede tener algunas consecuencias negativas”, ya que, a su juicio, impide la política de estabilización, disminuye el éxito del plan y tendrá efectos negativos sobre el crecimiento y la productividad económica.

Seopan calcula que, como consecuencia de la reducción de inversión pública que supone esta iniciativa, el PIB se reducirá en 0,3% a corto plazo y, al final de 2014, esta disminución llegará al 1%. Asimismo, el empleo caerá un 1,82% en dos años y los salarios se retraerán un 1% en los cinco años que abarca el plan, dijo Taguas. Todo ello conllevará una pérdida de bienestar social equivalente a una reducción del 1,5% del consumo, dijo.

Este plan se suma al ajuste de 23.500 millones de euros del programa de estabilidad aprobado por el Ejecutivo para 2010-2013 y a los 7.000 millones adicionales recortados para el periodo 2010-2011. En conjunto, se trata de un ajuste “importante” que no se corresponde con el peso de la inversión pública en al gasto total, añadió.

Según las cifras que maneja esta patronal, la inversión pública fue responsable de sólo un 3% del gasto entre 2007 y 2009. Sin embargo, el plan de consolidación (por el que el déficit se reducirá en nueve puntos en cinco años, hasta situarse en el 2,1% para 2014) concentra un 20% de esta reducción sobre la inversión pública.

“La inversión pública representa el 6,5% del gasto total de las Administraciones Públicas, pero soporta el 20% del ajuste, lo que supone multiplicar por tres el esfuerzo teórico que le corresponde”, afirmó Taguas.

“Cuando una consolidación fiscal tiene éxito (es decir, llega a buen puerto y no atasca a la economía) tiene que basarse en la reducción del gasto no productivo. Las que no tienen éxito son las que se basan en recorte de gasto en infraestructuras o en aumentos impositivos”, consideró.

Por eso, en su opinión, el plan de consolidación fiscal español, “aunque sin duda es necesario, tiene el problema de que le da demasiado peso a la reducción de la inversión pública”, lo que hará que “tenga efectos negativos sobre lo que ocurra en el futuro”.

La reducción del esfuerzo inversor tiene un doble carácter: La no estabilización de la demanda agregada y un impacto negativo en la productividad y el crecimiento potencial, valoró Taguas.

“Si en el ratio deuda/PIB sólo se actúa sobre el numerador, pero el denominador no crece, nunca será viable”, esgrimió. “Hay que impulsar la productividad con reformas estructurales. Se habla mucho de ellas, pero sigue pendiente la reforma de la negociación colectiva, y hay consenso absoluto sobre el hecho de que la reforma del sistema de trabajo fue insuficiente, clarísimamente”, dijo .

Para Taguas, “uno de los factores que impulsa la productividad es precisamente la inversión pública, que es lo que se ha parado”, aunque sea de modo transitorio (cinco años). “Aquí están los problemas del país”, dijo.

Finalmente, David Taguas aludió a la situación que vive el sector de la construcción, que calificó de dura, debido al “shock” negativo de la demanda, sumado a las dificultades que ha introducido la nueva normativa sobre morosidad. “Desde julio de 2010 no se ha reducido la morosidad, sino que incluso ha aumentado: Cobramos más tarde pero pretenden que paguemos mucho antes”, dijo.

 
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