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Sociedad

El PSOE pide conocer el número de personas incapacitadas judicialmente

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 28 de febrero de 2017, 18:10 h (CET)
MADRID, 28 (SERVIMEDIA)



El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a que “se incluya en las estadísticas judiciales o públicas la información relativa a las personas que causen alta en una incapacitación o cuya capacidad de obrar haya sido modificada judicialmente”, ya que, en la actualidad, “ningún organismo público o privado puede proporcionar la cifra de personas incapacitadas o cuya capacidad de obrar haya sido modificada judicialmente en España”.

La proposición, que será debatida en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, pide que se conozca también aquellas personas que “por cualquier motivo causen baja en dicha situación, así como aquellas que tengan activa una incapacitación o capacidad de obrar modificada judicialmente, permitiendo conocer las distintas variables sociodemográficas relevantes de dichas personas”.

El PSOE detalla que “se barajan datos de entre 250.000 y 400.000 personas sometidos a sentencia de incapacitación judicial”, pero critica que “no hay datos del número de personas vivas que están incapacitadas judicialmente y por lo tanto registradas en los Registros Civiles correspondientes”.

“Es necesario conocer cuántas personas están ahora mismo incapacitadas o cuya capacidad de obrar haya sido modificada judicialmente en toda España y las cifras de altas y bajas (bien por recapacitación, bien por fallecimiento) que se vayan produciendo cada año”, sostiene el PSOE, al tratarse de “una obligación derivada de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad”.

Por último, el PSOE hizo hincapié en que “es muy difícil que los poderes públicos puedan tomar decisiones en orden a adaptar nuestro ordenamiento jurídico a las disposiciones de la citada Convención, sin tener datos fiables y actuales sobre la realidad de la incapacitación judicial de las personas”.

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