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Cataluña. La ANC no cree que el Estado entre en "colapso" si hay condenas por el 9-N
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lunes, 27 de febrero de 2017, 18:01 h (CET)
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MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
El presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, señaló este lunes que es “consciente de que el Estado español no entrará en colapso por una sentencia del Tribunal Supremo” que inhabilite al exconsejero de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, por la consulta del 9-N, pero cree que con juicios como éste España “daña su propia credibilidad” como Estado democrático y de Derecho.
Así lo manifestó en una entrevista en Servimedia en la que dijo imaginarse el contexto en el que el propio Homs advirtió ayer de que si alguno de los encausados por el 9-N era condenado por la consulta “sería el fin del Estado español”. Es decir, dio por sentado que el ahora portavoz del PDECat no se refería a un fin literal, como han querido interpretarlo otros agentes y medios.
“Hay que ser consciente de que el Estado español no entrará en colapso por una sentencia del Tribunal Supremo”, admitió. “Pero esas palabras representan la convicción de que las instituciones del Estado han entrado en un escenario enormemente incoherente que daña su propia credibiidad y que esta dañando los fundamentos del Estado democrático y de Derecho”.
Ejemplo de esta deriva serían, en su opinión, la reforma de la ley del TC para otorgarle funciones ejecutivas y el proceso contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, por tramitar las leyes de desconexión de la legalidad española. Con ese enfoque, advirtió Sánchez, el Estado “corre el riesto de perder el debate político y de cargarse los tribunales y la legitimidad del poder judicial”.
Por lo demás, el presidente de la ANC asumió que es “más que probable” que Homs sea condenado en el juicio que se inició hoy en el Tribunal Supremo. “Sería dificil que hubiera una decisión del Supremo que diera un giro tan espectacular que evitara la condena. Esa es nuestra preocupación”, señaló, reiterando su tesis de que poner las urnas nunca debería ser un delito, y mucho menos en un proceso de participación como fue el 9-N, sin consecuencias vinculantes, y cuando ni el Gobierno ni otros organismos del Estado desarrollaron, como sostiene la defensa de Homs, el escrito de advertencia del TC de que la consulta era inconstitucional.
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