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Sociedad

Entidades juveniles españolas apoyan la huelga mundial de becarios del próximo lunes

Agencias
@DiarioSigloXXI
jueves, 16 de febrero de 2017, 15:38 h (CET)
MADRID, 16 (SERVIMEDIA)



El Consejo de la Juventud de España, la Secretaría Confederal de Juventud de CCOO, UGT Juventud, la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (Faest) y la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae) expresaron este jueves su apoyo a la huelga mundial de becarios convocada para el próximo lunes, 20 de febrero, por la Coalición Mundial de Becarios.

Esta huelga tiene como objetivo decir “no” al "uso discriminatorio y abusivo de las prácticas no remuneradas" y "exigir un marco legal de calidad en esta materia", ya que los convocantes aseguran que estas prácticas se han convertido en “un inmenso contenedor de abusos, fraude y explotación, no solo de estudiantes sino de quienes por su formación o por su desempeño profesional deberían contar con un contrato de trabajo”.

El Consejo de la Juventud denunció que España “se sitúa a la cabeza de la Unión Europea donde más jóvenes realizan prácticas una vez finalizados sus estudios y donde los becarios están peor pagados” y detalló que, de hecho, “un 70% asegura que la retribución que recibe es totalmente insuficiente para cubrir el coste de la vida”.

En esta jornada se denuncia la explotación empresarial, que se aprovecha de esta situación para sustituir puestos de trabajo fijos por estudiantes o trabajadores sin ningún tipo de derechos laborales, sin que exista una tutorización o formación real y con contraprestaciones económicas insuficientes que excluyen a las personas jóvenes, especialmente a las que disponen de menos recursos económicos.

Asimismo, advierten de que “estas fórmulas de prestación de servicios abusivas se están perpetuando como casi el único modelo de transición al empleo para la juventud”, los cuales tienen que “pasar por un periodo de precariedad y explotación en muchos casos normalizada y aceptada por la ciudadanía”.

Por ello, las entidades firmantes exigen “un marco legal que garantice la calidad de las prácticas curriculares, su carácter formativo y la existencia de una contraprestación económica suficiente”.

Por último, califican de “vergonzoso” que “se beneficien las empresas, e incluso las propias administraciones públicas que deberían hacer gala de un comportamiento ejemplar, del uso de prácticas extracurriculares cuando ya existen otras modalidades contractuales dirigidas precisamente a facilitar la transición al mundo laboral”.

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