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Sociedad

Discapacidad. UPN propone que cada sentencia de incapacitación valore el “discernimiento” de la persona para poder votar

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 7 de febrero de 2017, 13:37 h (CET)
MADRID, 07 (SERVIMEDIA)



Unión del Pueblo Navarro (UPN) presentó hoy en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para que cada sentencia de incapacitación incluya, de forma individualizada, si la persona que es puesta bajo tutela judicial tiene el “discernimiento” suficiente para votar en unas elecciones.

El diputado de UPN Iñigo Alli presentó esta iniciativa coincidiendo con la protesta que colectivos de la discapacidad han convocado este miércoles ante el Tribunal Constitucional para pedir que se garantice el derecho a voto de los ciudadanos que están bajo supervisión judicial.

Estos colectivos, encabezados por el Cermi, piden modificar el artículo 3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg). Este precepto priva automáticamente del derecho a voto a las personas que son sometidas a tutela judicial, de manera que sólo posteriormente, a petición del propio afectado o sus tutores, el magistrado puede decidir devolverle la capacidad para acudir a las urnas. Para ello se pueden solicitar los informe forenses precisos.

"ANÁLISIS INDIVIDUALIZADO"

Frente a este planteamiento de la legislación vigente, Alli explicó que lo que sugiere su partido es añadir un apartado al artículo 3 de la Loreg, de forma que haya un “análisis individualizado” del derecho a voto de cada persona en el momento de la incapacitación.

En concreto, en el texto legal propuesto por UPN se propone que los jueces se pronuncien “expresamente” sobre la capacidad de voto de cada persona en el momento de incapacitarla legalmente. Para ello, debería de evaluarse de “forma individualizada” la discapacidad o la situación de cada uno de estos ciudadanos para ver si tiene suficiente discernimiento para votar.

Asimismo, la formación navarra aboga por incluir una alusión en la Loreg a que la decisión de los jueces sobre este punto debe “proteger tanto el interés de la persona incapacitada como el respeto a los principios de libertad, igualdad en todo tipo de procesos electorales”.

En este sentido, Alli argumentó que una “amplia mayoría” de personas incapacitadas judicialmente “tienen el suficiente discernimiento para poder votar y, si no, que lo diga el informe médico y el proceso judicial”.

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