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Nacional

Cataluña. Artur Mas defiende que la consulta “no fue un capricho”, sino la respuesta a un “mandato” del Parlament

Agencias
@DiarioSigloXXI
lunes, 6 de febrero de 2017, 11:22 h (CET)
BARCELONA, 06 (SERVIMEDIA)



El expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas declaró hoy ante el tribunal que le juzga por presunta prevaricación y desobediencia grave al organizar la consulta soberanista del 9-N que su decisión “no fue un capricho” ni “un acto de última hora”, sino la respuesta al “mandato” ampliamente consensuado del Parlamento catalán.

Mas se enfrenta a un petición de 10 años de inhabilitación por desoir la prohibición hecha por el Tribunal Consitucional de un referéndum sobre la independencia de Cataluña. El expresidente anunció al inicio de su declaración que no iba a contestar más que a las preguntas de su abogado.

Comenzó por asumir que “la iniciativa de la consulta del 9-N fue mía y de mi Gobierno”, pero tras esta afirmación dedicó sus siguiente respuestas a matizar la responsabilidad del Ejecutivo catalán en la organización de la consulta.

Según explicó, tras constatar que había en el Parlament “una gran mayoría que estaba de acuerdo en la celebración de una consulta”, el Ejecutivo se puso manos a la obra para “cumplir las resoluciones” de la Cámara autonómica “de forma democrática”. “Queríamos saber si aquel plan (independentista) tenía una traducción en las urnas y conocer la opinión de los ciudadanos de Cataluña”, dijo.

Mas explicó que intentó llegar a acuerdos con el Gobierno central para la celebración de un referéndum con “todas las garantías”, y sólo cuando hubo una prohibición por parte del Tribunal Constitucional se decidió “cambiar el formato” de la consulta para que su organización no dependiera de la Administración, sino de las organizaciones soberanistas que con 42.000 voluntarios se encargaron de su ejecución.

Así, explicó, se decidió “mantener la pregunta y mantener la fecha, aunque todo el sistema de garantías de celebración cambió de manera sustancial y fue plenamente democrático y legal”, con el objetivo último de “conocer la opinión de los ciudadanos de Cataluña”, sin carácter vinculante.

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