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Sociedad

El Defensor del Pueblo celebra que Montserrat anunciase cambios electorales para que voten todas las personas con discapacidad

Agencias
@DiarioSigloXXI
viernes, 30 de diciembre de 2016, 12:44 h (CET)
MADRID, 30 (SERVIMEDIA)



La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, valoró hoy positivamente el anuncio de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, de que el Gobierno quiere reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) para evitar que las personas incapacitadas judicialmente se vean privadas del derecho al voto.

El pasado junio, el Defensor del Pueblo recomendó la modificación de la Loreg para reforzar el derecho al voto de las personas con discapacidad de modo que sólo pueda privarse judicialmente del derecho al voto en supuestos de plena inconsciencia o absoluta falta de capacidad de conocimiento de la persona.

Según datos de la Oficina del Censo Electoral, en las elecciones generales de 2000 carecieron de derecho al voto 12.709 personas; en las de 2004, 31.262; en las de 2008, 55.949; en las de 2011, 79.233; y en las de 2.015, 96.418.

El artículo 3.1 de la Loreg permite la privación del derecho al voto a los condenados a la pena de privación del derecho de sufragio, los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio y los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio.

SALVO EXCEPCIONES

Por ello, el Defensor del Pueblo reiteró su recomendación y considera que la reforma de la Loreg debe tener en cuenta la recomendación de revisión normativa que formuló el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas a España en 2011 para que todas las personas con discapacidad, independientemente de su deficiencia, de su condición jurídica o de su lugar de residencia, tengan derecho a votar y a participar en la vida pública.

En este sentido, el Defensor defiende que “la única privación judicial del voto que debería incluir la reforma sería en supuestos de plena inconsciencia o absoluta falta de capacidad de conocimiento de la persona” y confía en que “el Ministerio del Interior y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tengan en cuenta estas recomendaciones para abordar esta reforma de la Ley Electoral”.

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