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Economía

Vivienda. Fomento plantea que el Estado y las CCAA paguen hasta 400 euros de alquiler a las personas desahuciadas

Agencias
@DiarioSigloXXI
jueves, 15 de diciembre de 2016, 13:30 h (CET)
MADRID, 15 (SERVIMEDIA)



El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha planteado a las comunidades autónomas que el nuevo Plan de Vivienda contemple que el Estado central y las autonomías asuman el pago de entre 150 y 400 euros de alquiler a personas desahuciadas o colectivos vulnerables.

Así lo explicó De la Serna en unas declaraciones al término de la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, el primer encuentro con las comunidades autónomas para intentar consensuar el nuevo plan para, en principio, los años 2018 a 2021.

Con esta medida, el Ministerio espera que los propietarios de las viviendas, ya sean entidades financieras o particulares, accedan a que sean incluidas en un nuevo fondo social que gestionarán las comunidades autónomas.

Además de esta novedad en las ayudas al alquiler, De la Serna ha propuesto cambios en las ayudas a la rehabilitación y la regeneración urbana, como, por ejemplo, que dichas medidas puedan aplicarse también en viviendas unifamiliares o que se incremente hasta 1996 (1981 actualmente) la antigüedad mínima de los edificios que pueden acogerse a estas ayudas, con lo que se incrementarían de 13,8 a 18,5 millones los hogares que se podrían beneficiar.

AYUDAS PARA ACCESIBILIDAD

En cuanto a las mejoras de accesibilidad, fomento plantea que se puedan beneficiar de ellas viviendas de forma individualizada y no solo comunidades de vecinos.

También contempla la posibilidad de incrementar del 50% al 75% el porcentaje de la obra asumido por el Estado en el caso de adaptaciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida o mayores de 65 años.

Otro eje en el que De la Serna propone mejorar las ayudas a la rehabilitación es la mejora de la eficiencia energética de los edificios.

Tras este encuentro, Fomento ha pedido a las comunidades autónomas que le planteen sus propuestas hasta el 31 de enero, periodo en el que quiere recabar también la opinión de las distintas fuerzas políticas y sociales, así como del sector privado, especialmente entidades financieras y empresas constructoras e inmobiliarias.

Con ello, espera poder cerrar en febrero el borrador de su propuesta definitiva para poder empezar a tramitarla en primavera con el objetivo de que esté en vigor el 1 de enero de 2018.

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