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Sociedad

Amnistía acusa a Turquía de expulsar de sus casas a cientos de miles de kurdos

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 6 de diciembre de 2016, 01:01 h (CET)
- Con toques de queda y una campaña de represión

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)



Decenas de miles de residentes del distrito Sur de la localidad de Diyarbakir (Turquía), sitio declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, forman parte del medio millón de personas kurdas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de la “brutal campaña de represión” que las autoridades turcas han llevado a cabo durante el último año y que podría constituir un castigo colectivo, según afirmó este martes Amnistía Internacional (AI) en un nuevo informe.

El informe, titulado ‘Desplazados y desposeídos: el derecho de los residentes de Sur a regresar a sus hogares’, revela la situación desesperada de familias que han tenido que abandonar el centro histórico de Diyarbakir (sureste de Turquía) por las intensivas operaciones turcas de seguridad llevadas a cabo a finales del año pasado y el toque de queda actualmente en vigor día y noche.

Las viviendas del antes animado distrito Sur han quedado destruidas por los bombardeos, demolidas y expropiadas para dar paso a un proyecto de reurbanización del que es probable que se beneficien muy pocos ex residentes, según Amnistía.

“Un año después de la imposición del toque de queda permanente en Sur, miles de personas continúan desplazadas de sus hogares, tienen dificultades para poder subsistir y se enfrentan a un futuro incierto en un clima cada vez más represivo”, afirmó John Dalhuisen, director para Europa de Amnistía Internacional, quien añadió: “Mientras que la represión de la sociedad civil en el sudeste de Turquía ha recibido una amplia cobertura informativa, los medios han prestado escasa atención al desplazamiento forzado que ha destrozado las vidas de personas corrientes con el pretexto de la seguridad”.

Tras la ruptura del alto el fuego en julio de 2015, estallaron los enfrentamientos entre personas vinculadas al armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, en kurdo) y las fuerzas de seguridad turcas. Como respuesta a las declaraciones de ‘autogobierno’, la construcción de barricadas y la excavación de trincheras en Sur (el distrito central de Diyarbakir) y otras ciudades del sureste, las autoridades comenzaron a imponer toques de queda de 24 horas y a llevar a cabo operaciones de seguridad fuertemente militarizadas.

El 11 de diciembre de 2015 se declaró el toque de 24 horas y por tiempo indefinido en seis de los 15 barrios de Sur, lo que impedía a las personas salir de sus viviendas incluso para comprar suministros alimentarios o médicos esenciales. Según algunos informes, la policía usó altavoces para ordenar a la gente que se marchara. El suministro de agua y electricidad se cortaba durante largos periodos, mientras las viviendas eran sacudidas por los proyectiles del ejército y acribilladas por las balas.

ANIVERSARIO DEL TOQUE DE QUEDA

Amnistía indicó que los enfrentamientos en Sur terminaron el pasado mes de marzo, pero el toque de queda ha persistido en extensas zonas del distrito. Tras los desalojos forzosos, casi todas las propiedades han sido expropiadas por las autoridades turcas y muchos edificios han sido demolidos. Aunque el retorno es casi imposible ahora debido al toque de queda y a la destrucción, algunos residentes se han arriesgado a volver pero sólo han encontrado sus hogares allanados y sus posesiones saqueadas o destruidas.

Residentes desplazados no han podido encontrar una vivienda alternativa adecuada y asequible, y tienen dificultades para acceder a servicios esenciales. Muchos perdieron su empleo al ser desplazados y los niños han visto gravemente alterada su educación o han abandonado por completo la escuela. "Las indemnizaciones totalmente inadecuadas y la falta de ayuda suficiente –o, en algunos casos, de cualquier tipo de ayuda– de las autoridades para pagar el alquiler han sumido a familias ya empobrecidas en mayores privaciones", apuntó Amnistía Internacional.

Para agravar la situación, las medidas adoptadas contra las voces de oposición kurdas tras el intento de golpe de Estado han dado lugar al cierre de ONG que proporcionaban un apoyo decisivo a las personas pobres y desplazadas, según el informe.

Los residentes rechazan la pretensión del Gobierno de que el toque de queda en vigor y las demoliciones de casas se hagan en interés de la seguridad dado que los enfrentamientos terminaron hace ocho meses. Por el contrario, consideran que forman parte de un plan calculado para reurbanizar sus barrios y reasentar a sus habitantes en otros lugares.

“En el amargo aniversario del toque de queda en Sur, gran parte de la población de este sitio patrimonio mundial se ha visto obligada a asistir a la demolición de su propio patrimonio”, destacó Dalhuisen, que concluye: “Lamentablemente, la desesperada situación a la que se enfrentan los residentes desplazados de Sur es similar en decenas de distritos del sudeste de Turquía. El Gobierno debe adoptar medidas urgentes para levantar el toque de queda y para garantizar que las comunidades afectadas reciben una indemnización completa y ayuda para regresar a lo que queda de sus hogares o, como mínimo, a sus barrios”.

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