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Economía

El empleo sumergido supone 82.500 millones de euros, según Gestha

Agencias
@DiarioSigloXXI
miércoles, 27 de abril de 2011, 13:46 h (CET)
MADRID, 27 (SERVIMEDIA)



La economía sumergida en el empleo se sitúa en torno a los 82.500 millones de euros, lo que supone casi un 8% del PIB, según las estimaciones realizadas por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

En una nota de prensa, este colectivo explica que la implantación de unas políticas adecuadas que redujeran en diez puntos la tasa de fraude en España -hasta el nivel de los países europeos más desarrollados- permitiría al Estado recaudar cada año más de 13.000 millones de euros adicionales procedentes de las cuotas a la Seguridad Social.

Por regiones, los mercados laborales que esconden más empleo irregular son Cataluña (28.937 millones de euros anuales), Madrid (12.351 millones de euros), Andalucía (11.549 millones de euros), Comunidad Valenciana (8.347 millones de euros), Galicia (4.702 millones de euros) y Castilla y León (4.612 millones de euros).

Una muestra del alcance del empleo no declarado en el conjunto de la economía sumergida es el elevado número de irregularidades descubiertas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), que en 1,2 millones de actuaciones registró casi 100.000 infracciones en acta -un 8,3% de sus intervenciones-.

En total, las sanciones derivadas de estas actuaciones rondaron los 250 millones de euros, y afectaron a más de 570.000 trabajadores a nivel nacional, según cifras publicadas por la propia ITSS.

Ante esta situación, los técnicos de Hacienda proponen la aplicación de un plan más ambicioso y de amplio calado que incluya también medidas específicas contra el fraude tributario, máxime si se tiene en cuenta que para poder mantener los empleos irregulares las empresas necesitan en primer lugar disponer de dinero negro con el que pagar al trabajador.

Desde Gestha se recalca además la importancia de que el nuevo plan recoja medidas específicas para hacer frente a las principales bolsas de economía sumergida, como es el fraude en el autoempleo de autónomos y gerentes de empresas individuales o familiares, especialmente en sectores como la agricultura, la construcción y oficios auxiliares, la hostelería y servicios turísticos, o el transporte.

Asimismo, los técnicos subrayan que el plan que previsiblemente se aprobará en el próximo Consejo de Ministros no debe limitarse a suavizar temporalmente las condiciones de afloramiento voluntario del empleo sumergido para posteriormente endurecer las sanciones, sino que debe introducir estímulos adicionales lo suficientemente alentadores como para persuadir a los empresarios de regularizar los empleos ocultos.

En concreto, abogan porque los trabajadores regularizados obtengan todos los derechos pasados y futuros que les correspondan en función de todo el periodo trabajado, y no sólo desde enero de 2011, promoviendo así que sean los propios trabajadores irregulares quienes animen a que se lleve a cabo la normalización de su actividad de cara al Fisco y la Seguridad Social.

En este sentido, Gestha reclama también la inclusión de medidas que prevean la repercusión tributaria de la regularización voluntaria, tanto para empresas como para trabajadores -retenciones de IRPF no practicadas, declaraciones de renta fuera de plazo, etc.- ya que de lo contrario el miedo a las sanciones, recargos e intereses limitaría de forma muy significativa el alcance del plan.

Por último, los técnicos de Hacienda defienden que la aplicación de amnistías fiscales para hacer aflorar la economía sumergida no es la herramienta adecuada para hacer emerger las bolsas de dinero negro, como demuestran los resultados de las regularizaciones emprendidas a lo largo de las pasadas décadas.

A juicio de Gestha, ninguna de las amnistías aprobadas anteriormente, como las de 1984 y 1991, fueron realmente eficaces a la hora de evitar el fraude debido a que no se corrigieron los defectos de gestión que, a la larga, permiten que esta práctica siga produciéndose.

Según Gestha, la tasa de economía no declarada en España alcanza actualmente el 23,3% del PIB, lo que supone cerca de 245.000 millones anuales, de los que el 65,9%, casi dos terceras partes -161.647 millones de euros- proceden del fraude fiscal.

 
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