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Sociedad

Amnistía pide a los países medidas para que nadie trabaje en el sexo por falta de oportunidades

Agencias
@DiarioSigloXXI
jueves, 26 de mayo de 2016, 07:45 h (CET)
- Recomienda que se despenalice el sexo de pago cuando es consentido

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)



Amnistía Internacional recomendó este jueves a los países medidas y responsabilidades para garantizar la protección contra la violencia, la explotación y la coerción contra las personas que se dedican al sexo, con el fin de que nadie se vea obligado a entrar en el trabajo sexual por falta de oportunidades.

La organización difundió cuatro extensos informes de entre 60 y 80 páginas cada uno, así como un resumen ejecutivo de 20 páginas, en los que denuncia graves violaciones de derechos humanos a las que se enfrentan a diario trabajadoras y trabajadores sexuales en Noruega, Argentina, Hong Kong y Papúa Nueva Guinea.

“Las personas que se dedican al trabajo sexual están especialmente expuestas a sufrir toda una serie de abusos contra los derechos humanos, como violación, violencia, extorsión y discriminación. Con demasiada frecuencia la protección de la ley y las medidas de reparación con que cuentan son escasas o inexistentes", explicó Tawanda Mutasah, director general del Programa de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional.

Mutasah indicó que “los dobiernos deben tomar aún más medidas para proteger de los abusos y violaciones de derechos humanos a quienes se dedican al trabajo sexual, en su mayoría mujeres que se enfrentan a múltiples formas de discriminación y desigualdades de género”.

Amnistía pidió la participación de quienes se dedican al trabajo sexual en la elaboración de leyes que afectan a su vida y a su integridad, el fin de la discriminación y el acceso a la educación y a oportunidades de empleo para todas las personas.

Entre otras medidas de protección y prevención, aconseja la despenalización del trabajo sexual consentido, incluida la anulación de las disposiciones legales que prohíben las actividades conexas, como la prohibición de la compra y el ofrecimiento de servicios sexuales y de la organización general de trabajo sexual.

Esta recomendación está basada en la evidencia de que, según Amnistía Internacional, “esas disposiciones hacen a menudo que las personas que se dedican al trabajo sexual estén menos seguras y que se abuse de ellas con impunidad, pues es frecuente que tengan demasiado miedo a que las sancionen para presentar una denuncia ante la policía”. “Las leyes sobre el trabajo sexual deben estar centradas en la protección contra la explotación y los abusos, no en intentar prohibirlo por completo y sancionar a quienes se dedican a él”, apuntó.

VIGILANCIA, ACOSO Y REDADAS

La ONG precisó que “el trabajo forzoso, la explotación sexual infantil y la trata de seres humanos son abusos atroces contra los derechos humanos, que hacen necesaria una acción concertada y que, con arreglo al derecho internacional, han de estar penalizados en todos los países”.

“Queremos que se modifiquen las leyes para centrarlas en conseguir que la vida de las personas que se dedican al trabajo sexual sea más segura y que mejore su relación con la policía, a la vez que se aborda el problema absolutamente real de la explotación. Queremos que los gobiernos se aseguren de que ninguna persona es coaccionada para vender servicios sexuales o no puede dejar el trabajo sexual si decide hacerlo", añadió Mutasah.

El trabajo de investigación abarca cuatro informes específicos que ofrecen una cobertura global desde el punto de vista geográfico y muestra que quienes se dedican al trabajo sexual “sufren a menudo terribles abusos contra los derechos humanos” debido en parte a la criminalización, que agrava su situación de peligro y marginación y les impide buscar protección contra la violencia y solicitar servicios jurídicos y sociales.

“Algunas trabajadoras sexuales nos contaron que la criminalización permite a la policía acosarlas y no dar prioridad a sus denuncias y a su seguridad", indicó Mutasah, de manera que, en vez de centrarse en proteger a estas personas de la violencia y el crimen, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley se centran en prohibir el trabajo sexual por medio de la vigilancia, el acoso y las redadas.

Además, Amnistía recalcó que las personas que realizan trabajo sexual “suelen tener muy poca o ninguna protección frente a los abusos y carecer de reparación por medios judiciales incluso en los países donde la venta de servicios sexuales es legal”.

PAÍSES

El informe dedicado a Noruega señala que comprar servicios sexuales en este país es ilegal, pero no el acto directo de venderlos, y que otras actividades relacionadas con el sexo están penalizadas, como la “promoción de la prostitución” y alquilar establecimientos para vender esos servicios. A pesar del alto índice de violaciones y violencia de clientes y bandas organizadas, el grado de resistencia de las personas dedicadas al trabajo sexual a denunciar la violencia ante la policía es muy alto.

En Argentina, la venta o compra de servicios sexuales en teoría no es ilegal en Buenos Aires, pero en la práctica a las personas dedicadas al trabajo sexual se las criminaliza con diversas leyes que sancionan actividades conexas y que no distinguen entre trabajo sexual con consentimiento y trata de seres humanos.

Respecto a Hong Kong, vender servicios sexuales no es ilegal si se hace en un domicilio particular, pero trabajar en lugares aislados deja a a estas personas en situación vulnerable, expuestas a sufrir robos, agresiones físicas y violaciones. Quienes se dedican al trabajo sexual no sólo reciben poca protección de la policía, sino que a veces son sometidas deliberadamente a acoso por ella.

Y en Papúa Nueva Guinea es ilegal vivir del trabajo sexual y organizar actividades de comercio sexual. La homosexualidad también está penalizada y es la principal causa de procesamiento de trabajadores sexuales. La investigación de Amnistía Internacional ha determinado que esta legislación penal permite a la policía amenazar, extorsionar y detener arbitrariamente a las personas dedicadas al trabajo sexual, quienes sufren “en grado extremo” estigmatización, discriminación y violencia, incluidos la violación y el asesinato.

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