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Economía

OCU exige "responsabilidad" al Banco Santander y a la CNMV en la venta de bonos convertibles

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 24 de mayo de 2016, 13:56 h (CET)
MADRID, 24 (SERVIMEDIA)



La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha exigido “responsabilidad” al Banco Santander y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la elaboración y gestión de productos financieros complejos, como es el caso de los bonos convertibles.

En una nota de prensa, la asociación ha recordado un informe de la fiscalía sobre la causa penal contra el Banco Santander por la comercialización de bonos convertibles en el que se señala que, a pesar de reconocerse “numerosas ilegalidades”, no es posible demostrar que los directivos de la entidad “tuvieran la intención de dañar de forma generalizada a sus clientes con el diseño de bonos convertibles o Valores Santander”.

La OCU recuerda que por esta causa, en febrero de 2014, la CNMV sancionó con una multa de 17 millones de euros a la entidad e informaba de la práctica generalizada de incumplir las obligaciones de información sobre los riesgos y de la falta de valoraciones de perfil inversor en cada caso.

De los cerca de 129.000 afectados, la asociación señala que la mayoría han optado por llegar a acuerdos de forma individual con la entidad, aunque 150 clientes afectados han llevado su caso a la Audiencia Nacional.

Sin embargo, en su informe la fiscalía recomienda a los afectados a reclamar cada caso de forma individual en el juzgado correspondiente, mientras que la OCU aconseja a los afectados sumarse a una campaña que la asociación abrió a mediados de 2015 para denunciar y recuperar la inversión.

RESPONSABILIDAD

A pesar de reconocer que “no se puede asegurar que fuera una práctica premeditada por parte de la cúpula directiva” del Banco Santander, para la OCU se trata de un problema de “asunción de responsabilidad” en la elaboración de los productos que se comercializan y en su gestión comercial.

Además, la organización considera que la CNMV “debe velar” por el interés y la protección de los consumidores y, en este caso, “velar por la seguridad de los productos que los bancos y entidades financieras ponen a disposición de sus clientes”, concluye.

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