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Sociedad

Amnistía lamenta que Zapatero relegue los derechos humanos en su política exterior

Agencias
@DiarioSigloXXI
miércoles, 6 de abril de 2011, 13:51 h (CET)
MADRID, 06 (SERVIMEDIA)



Amnistía Internacional (AI) denunció este miércoles que los derechos humanos continúan sin ser un interés nacional para la política exterior del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y estén relegados frente a cuestiones económicas, energéticas y de seguridad.

Así se desprende del informe de AI "Voces contra el Olvido", que analiza la política exterior española en esta legislatura hasta el pasado mes de diciembre y que fue presentado en una rueda de prensa en Madrid.

El director de AI en España, Esteban Beltrán, lamentó que los derechos humanos sean para el Gobierno de Zapatero "algo añadido" y marginal", como así lo ha demostrado en las relaciones bilaterales con Colombia, China, Estados Unidos, Guinea Ecuatorial, Marruecos, Sáhara Occidental y Rusia.

Beltrán señaló que España ha tenido con estos países "una actuación tímida" en relación a los derechos humanos y "ha guardado silencio muchas veces e incluso ha mirado hacia otro lado, con el objetivo de salvaguardar otros intereses".

Por otro lado, Beltrán aplaudió que el Ejecutivo aprobara en diciembre de 2008 el Plan Nacional de Derechos Humanos, pero criticó que no se haya convertido en "el cordón umbilical de todo el Estado" porque "los derechos humanos no se han situado en la primera línea de la política exterior" y recoge "medidas aisladas" que no confluyen en "una política integral y transversal".

Sobre la actual situación en Oriente medio y norte de África, Beltrán recalcó que España ha aplicado "un sistema mixto" porque por un lado ayuda con un corredor humanitario a la evacuación de los que huyen de Libia, pero ha eludido la cuestión de los refugiados en Lampedusa (Italia); ha revisado las transferencias de armas y material de defensa en la región, pero se desconocen los resultados de esta cancelación, y ha lanzado "mensajes poderosos" sobre los derechos humanos en Egipto, Libia, Báhrein y Yemen, pero actúa de forma "condescendiente" con Marruecos.

“INCOHERENCIA” Y “SILENCIO”

Por su parte, Ángela Iranzo, investigadora de AI y autora del informe, acusó al Gobierno español de actuar con "tremenda incoherencia" al respaldar el sistema internacional de derechos humanos y, sin embargo, limite el principio de jurisdicción universal para que ciertos casos sean juzgados en España.

Iranzo destacó de esta legislatura que Zapatero haya liderado la lucha contra la pena de muerte y haya apostado en la lucha contra la pobreza y contra la violencia de género, pero censuró que estos deseos no se hayan trasladado en las relaciones bilaterales con algunos países.

Además, reprobó que el Ejecutivo haya optado por "el silencio en las graves violaciones contra los derechos humanos en el marco de la 'guerra contra el terror'" auspiciada por el expresidente de Estados Unidos George W. Bush. "El Gobierno español hace un tratamiento selectivo de los problemas de derechos humanos", apostilló.

El informe incluye como recomendaciones que se garantice la aprobación de un nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos para la próxima legislatura, que revise "caso por caso" todas las transferencias y exportaciones de armas al norte de África y Oriente Próximo, que España ayude a Italia y otros países a garantizar que las personas que huyen de Libia accedan a la protección internacional y que incluya la defensa de los derechos humanos en sus relaciones bilaterales con China.

En la rueda de prensa también estuvo presente Rebiya Kaader, líder de la minoría china uigur en el exilio, que hizo un sucinto repaso de la lucha de su pueblo, que engloba a unos 20 millones de personas y que está "perseguido" por el Gobierno chino.

Además, Helena Moreno, esposa de Mustafá Setmarian, ciudadano español desaparecido en 2005 en el contexto de la "guerra contra el terror", relató su situación personal desde la desaparición de su marido y denunció que el Gobierno español no ha ofrecido "ninguna respuesta" a este caso después de "más de un año de negociaciones" con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

 
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