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20-D. Garzón (IU) defiende el "realismo" de sus medidas de "emergencia social"

Agencias
@DiarioSigloXXI
jueves, 29 de octubre de 2015, 19:55 h (CET)
MADRID, 29 (SERVIMEDIA)



El candidato de Izquierda Unida a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, defendió este jueves el "realismo" de las medidas contenidas en el 'Plan de emergencia social' con el que pretende beneficiar directamente a 16 millones de personas con una inversión global de más de 52.000 millones de euros que se financiarían con los recursos obtenidos de una reforma fiscal.

Garzón considera que esas medidas son imprescindibles para garantizar una salida justa de la crisis económica. Insistió en que todas ellas son "factibles, posibles técnicamente" y solo hace falta voluntad política para ponerlas en marcha. Son incluso "modestas", porque cree que sería necesario "ir mucho más allá", pero también ha querido que sean "realistas" dado el actual momento de "restricciones" de todo tipo.

Si alguien considera "utópico" destinar 52.000 millones de euros a rescatar a los ciudadanos, dijo, debería preguntarse si no considera igual dedicar 55.000 a rescatar a la banca o más de 2.000 a rescatar las "autopistas quebradas de los amiguetes".

Su primera medida es la inversión de 15.416 millones de euros en la creación de un millón de empleos con salarios entre 900 y 1.200 euros mensuales. Otra, la renta mínima garantizada de 529 euros mensuales a dos millones de personas con ingresos inferiores al 70% del SMI modulado según la unidad de convivencia, lo que costaría 12.600 millones de euros.

También propone destinar 2.065 millones a revalorizar la pensión mínima que perciben 3,2 millones de pensionistas, y elevar progresivamente el SMI hasta llegar a 1.176 euros en 2019, de lo cual se beneficiarían 2,3 millones de personas sin coste para las arcas públicas.

Otra de sus medidas es un plan de empleo y formación para 600.000 parados de larga duración y un plan de empleo juvenil, del que se beneficiarían 700.000 personas con un coste de 8.900 millones.

Asimismo, propone una tarifa por tramos sociales para combatir la pobreza energética con un mínimo vital básico de suministro garantizado que costaría 2.520 millones de euros. La paralización de los desahucios, la creación de un parque público de viviendas y la creación de un 'Banco bueno' costaría 1.320 millones.

Garzón propone también un bloque de medidas para combatir la violencia sexista, equiparar los derechos de paternidad a los de maternidad e incrementar las prestaciones por hijo a cargo, de lo cual se beneficiarían casi tres millones de personas con un coste de 3.299 milones.

En esa línea, propone la escolarización pública de los niños de cero a tres años, con una inversión de 5.143 millones, y medidas para ayudar a las pymes y los autónomos con 1.230 millones. Finalmente, reclama de la Unión Europea un plan de reindustrialización y creación de empleo que podría permitir crear unos 2,5 millones de puestos de trabajo en España. En total, asegura Garzón, todas estas medidas beneficiarían a 16 millones de personas y requerirían una inversión de 52.494 millones de euros.

FINANCIACIÓN

Para financiarlas, propone crear un impuesto extraordinario sobre el incremento patrimonial entre 2010 y 2015 dejando exentos los primeros 100.000 euros y tributando entre el 5% y el 15%, con un tipo del 16% para incrementos superiores a los 5,1 millones de euros. Esa medida reportaría 4.620 millones a las arcas públicas.

Otra medida es la reforma del Impuesto de Sociedades con un nuevo tipo del 35% para bases imponibles superiores a un millón de euros y limitando las bonificaciones. Los ingresos públicos serían de 16.391 millones.

Garzón quiere también equiparar las rentas del capital a las del trabajo, integrándolas todas en la tarifa general de IRPF, lo que ahorraría 873 millones. Un nuevo impuesto sobre las transacciones financieras reportaría 4.500 millones, y otro sobre la riqueza (que sustituiría al de Patrimonio), otros 3.399 millones.

Propone reorganizar el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria para hacerla más ágil y eficiente en la lucha contra el fraude, que permitiría ingresar 6.200 millones. Además, las restricciones al sistema de módulos y sicav proporcionaría otros 617 millones.

Garzón propone además nuevos impuestos sobre bienes suntuarios, viviendas vacías y grandes establecimientos de negocios, con un ahorro de 7 millones. Además, cifra en 11.521 millones el retorno por los nuevos contratos y el plan de formación a parados, y en 16.377 millones los ingresos por la lucha contra el fraude fiscal a gran escala y la lucha contra la economía sumergida.

En total, asegura, esa reforma fiscal reportaría a las arcas públicas 64.505 millones de euros, por lo que se podría financiar el plan de emergencia social y dejar un saldo positivo de 12.010 millones.

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