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Sociedad

20-D. Gerentes de servicios sociales acusan al Gobierno de acometer “una derogación encubierta de la Ley de Dependencia”

Agencias
@DiarioSigloXXI
lunes, 26 de octubre de 2015, 15:18 h (CET)
MADRID, 26 (SERVIMEDIA)



El presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez Navarro, manifestó hoy que en la legislatura que finaliza se ha perpetrado en España un "atentado" a los derechos humanos y aseguró que en los últimos cuatro años se ha producido un recorte de más de 5.000 millones de euros en servicios sociales y dependencia, de los cuales más de 2.000 se han registrado en dependencia.

Ramírez declaró a Servimedia que el Gobierno de Mariano Rajoy ha recortado “en un 67% el plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales, cuando se atienden las necesidades más básicas de más de 8,5 millones de usuarios”.

En cuanto al Sistema de Atención a la Dependencia, indicó que “el Partido Popular ha gobernado a través de decretos que han supuesto la demolición programada que generó derechos objetivos para 1,2 millones de personas en situación de dependencia” y afirmó que “la legislatura ha colapsado el sistema a través de los recortes”.

Asimismo, declaró que el Gobierno aprobó un decreto que supuso el retraso de la atención a los dependientes moderados y acabó acometiendo cambios legislativos que supusieron "una derogación encubierta de la Ley de la Dependencia”.

En este sentido, incidió en que más de 100.000 personas dependientes, reconocidas y valoradas con derecho a atención, han fallecido sin tener la prestación de servicio la que tenían derecho.

Además, acusó al Ejecutivo de Rajoy de reducir el prespuestos que se debe destinar a las comunidades autónomas para la gestión de la Ley de la Dependencia, de forma que, según afirmó, "el Gobierno de España no aporta ni tan siquiera el 20% de lo que es la factura de la financiación de la Ley de la Dependencia”.

El presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales también apuntó que el Gobierno eliminó la partida del Imserso de 30 millones de euros destinados para teleasistencia que atendía a 250.000 personas, "dejándolas al albur de las decisiones de sus comunidades autónomas o de su propio dinero".

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