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Sociedad

Discapacidad. El Cermi aplaude la reforma que impedirá a las administraciones contratar con empresas que no cumplan la reserva de empleo

Agencias
@DiarioSigloXXI
jueves, 8 de octubre de 2015, 13:36 h (CET)
MADRID, 08 (SERVIMEDIA)



El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) aplaude la reforma legal incluida en la nueva Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que modifica a su vez la Ley de Contratos del Sector Público y que prohíbe contratar con las administraciones públicas a las empresas de 50 o más trabajadores que no acrediten el cumplimiento de la cuota de reserva en favor de personas con discapacidad a la que están obligadas.

La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 2 de octubre, modifica el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, dedicado a las prohibiciones de contratar con las Administraciones.

La norma modificada añade a las prohibiciones habituales de no contratar si no se está al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, el caso de las empresas de 50 o más trabajadores que no cumplan “el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad”.

Dicho requisito figura en el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

La efectividad de esta prohibición, explicó el Cermi, no será inmediata, pues queda diferida a la aprobación del correspondiente desarrollo reglamentario que establezca qué ha de entenderse por el cumplimiento de dicho requisito a efectos de la prohibición de contratar y cómo se acreditará, que, en todo caso, será bien mediante certificación del órgano administrativo correspondiente, con vigencia mínima de seis meses, o bien mediante certificación del correspondiente Registro de Licitadores, en los casos en que dicha circunstancia figure inscrita en el mismo.

“No obstante este aplazamiento, que el Cermi trabajará por acelerar, la medida es un gran avance, pues por vez primera una norma de rango legal asume esta prohibición, que entra a formar parte de la normativa y la cultura administrativa sobre contratación pública”, insistió el comité.

Se trata de una antigua y sostenida reivindicación del movimiento social de la discapacidad representado por el Cermi, que ahora, con esta reforma legal, ve la luz “y que se justifica en que ninguna empresa que incumpla la legislación social pueda beneficiarse de contratos públicos, por su comportamiento antijurídico”.

La medida surge como consecuencia de las propuestas del Cermi al Parlamento y al Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, antes y durante la tramitación del proyecto de ley, que finalmente han prosperado.

Este avance normativo, vaticina el Cermi, “promoverá la inclusión laboral de las personas con discapacidad, al forzar a las empresas que deseen contratar con las Administraciones a observar la reserva legal de empleo”.

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