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Sociedad

Más de 1.300 organizaciones civiles niegan que la crisis haya terminado

Agencias
@DiarioSigloXXI
jueves, 8 de octubre de 2015, 13:26 h (CET)
- En la semana mundial de movilizaciones contra la pobreza y el tratado de libre comercio entre la UE y EEUU

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)



Más de 1.300 organizaciones de la sociedad civil, integradas en la Alianza Española contra la Pobreza y la campaña ‘#NoalTTIP’, recordaron este jueves que en España una de cada cinco personas se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión, lo que le coloca como segundo país de la UE con más pobreza infantil. Además, a escala mundial, una de cada nueve personas carece de alimentos suficientes y el 70% de las personas pobres son mujeres.

Estos fueron algunos de los datos que recordaron en la presentación, en la sede de Greenpeace en Madrid, del calendario de movilizaciones en el marco de la semana de lucha contra la desigualdad y los tratados comerciales, bajo el lema 'Las personas primero, exigimos gobiernos responsables con los derechos humanos'. A esta programación ya se han sumado unas 50 ciudades y localidades españolas.

La semana contra los tratados de libre comercio arrancó este miércoles con la entrega en Bruselas de más de tres millones de firmas de los distintos países europeos contra estos acuerdos, aunque denunciaron que la entrega sufrió el “ninguneo” por parte de las autoridades comunitarias.

Las ONG rechazaron “la idea de estar saliendo de una crisis, porque las cuentas macroeconómicas y de los gobiernos estén un poco mejor” mientras las condiciones de empleo se siguen precarizando, siguen siendo difíciles las condiciones de acceso a la salud y la educación y hay muchas familias en riesgo de pobreza alimentaria y energética, subrayó el portavoz de la Alianza, Pablo Martínez.

Martínez hizo estas declaraciones en referencia a la estrategia presentada esta semana por el Gobierno para ayudar a las 23.000 personas sin hogar que hay en España y un estudio que analizará las más de 20 ayudas y subvenciones que distintas administraciones concedes vinculadas a los ingresos mínimos.

“Los principales responsables siguen presentando cuentas de resultados con beneficios”, por lo que reclamó un modelo “no utópico” que se puede alcanzar con “políticas concretas” que garantizan los derechos, en cuestiones como la renta mínima y el acceso a la vivienda. Sin embargo, lamentó que los anuncios del Ejecutivo lleguen en periodo electoral y subrayó que responden a la presión de las organizaciones sociales.

MÁS MILLONARIOS

Sobre este tema, Sol Sánchez, portavoz de la campaña, aseveró: “Difícilmente un Estado que genera con su políticas un aumento del 13% del número de millonarios entre 2012 y 2013 está luchando de manera eficiente contra la pobreza”.

“No queremos acuerdos políticos ni estudios económicos ni acuerdos que no pongan a las personas por encima de lo demás”, añadió Pablo Martínez, que también pidió que los presupuestos pongan en primer lugar las garantías sociales, independientemente de la condición y territorio en el que vivan las personas.

El portavoz también abordó otros asuntos que revindicarán los actos de la semana contra la pobreza, como la especulación sobre el precio de las materias primas y la falta de legislación sobre los paraísos fiscales. En su opinión, el Gobierno “está mareando la perdiz para impedir que se dediquen medidas políticas concretas para impedir las transacciones financieras y regularlas”.

MÁS DE 3.000 TRATADOS

Sol Sánchez concretó que hay más de 3.000 tratados “generando pobreza y desigualdad en todos los rincones del planeta” por lo que viene “muy al caso” una manifestación conjunta de 1.300 organizaciones para evitar que el tratado entre la UE y Estados Unidos se firme.

“Estos tratados no van solos, van en grupo, son parte de la ofensiva neoliberal que trata de imponer sus normas por encima de los derechos humanos y de cualquier regulación y derecho que asegure la convivencia”, especificó.

Los acuerdos, calificó, vienen acompañados de “mecanismos perversos” para el futuro como la cláusula de resolución de conflictos entre empresas y Estado.

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