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Sociedad

El Congreso da luz verde a que terroristas y maltratadores no sean voluntarios de ONG

Agencias
@DiarioSigloXXI
jueves, 1 de octubre de 2015, 19:30 h (CET)
- Aprueba definitivamente la Ley del Voluntariado

MADRID, 01 (SERVIMEDIA)



El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó definitivamente este jueves la Ley del Voluntariado, que excluirá de las ONG a quienes hayan sido condenados por delitos de terrorismo, violencia doméstica o de trata de personas, y que autoriza a los profesionales del Sistema Nacional de Salud a disfrutar de un permiso para colaborar en emergencias humanitarias como la reciente crisis del ébola.

El Congreso refrendó una única enmienda aprobada en el Senado, que contó con 197 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones. La enmienda aprobada señala que las personas que trabajan en centros e instituciones el Sistema Nacional de Salud podrán disfrutar de un permiso para desarrollar labores de voluntariado en emergencias humanitarias con una duración generalmente de tres meses, que podrá prorrogarse de forma extraordinaria hasta medio año.

De esta forma, la ley facilita la actividad de cooperación en emergencias humanitarias a profesionales de la sanidad pública, con un permiso no retribuido o remunerado parcialmente, siempre en proyectos de ONG u organismos internacionales avalados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

NO MÁS GASTO PÚBLICO

Por otro lado, la norma, que deroga la Ley del Voluntariado de 1996, prohíbe de las labores de voluntariado a quienes tengan antecedentes penales no cancelados por delitos de violencia doméstica o de género; por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, o por delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas.

Además, excluye a quienes hayan recibido condena por delitos de terrorismo, que no podrán ser voluntarios en programas cuyos destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas de estos delitos, y aclara que las medidas incluidas en la norma “no podrán suponer incremento del gasto público”.

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