El Cermi pone en práctica un protocolo de actuación de maternidad informada en relación a la discapacidad
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jueves, 24 de marzo de 2011, 13:13 h (CET)
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MADRID, 24 (SERVIMEDIA)
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha puesto en práctica un protocolo de actuación de maternidad informada, que consiste en un protocolo de contacto y relación con la mujer respecto de la regulación legal de la interrupción voluntaria del embarazo o aborto en los aspectos que guardan relación con la discapacidad.
Este protocolo se respalda en que la legislación establece protocolos de contacto y relación de la mujer, o la pareja progenitora, con personas con discapacidad y sus familias con miembros con discapacidad.
En este sentido, el Cermi considera que la decisión sobre la interrupción del embarazo, sea cual sea el motivo que lleva a la mujer o a la pareja progenitora a llevarla a efecto, "debe ser madura e informada".
Según el Cermi, antes de tomar una decisión sobre la interrupción del embarazo se necesita un "conocimiento real, directo y cercano" de la discapacidad individual y familiarmente, y de los recursos y apoyos que existen para estas situaciones.
El objetivo de este protocolo es favorecer la no discriminación y la igualdad de oportunidades en las situaciones en las que exista un diagnóstico prenatal que pueda suponer una discapacidad. Asimismo, también se aplicará en los casos en los que la discapacidad aparezca o se identifique durante los tres primeros años de vida.
"Los hombres y mujeres con discapacidad son siempre seres humanos intrínsicamente valiosos, con la misma dignidad y derechos, y se merecen el mismo respeto que el resto de personas, lo que condiciona de modo absoluto cualquier trato, atención o intervención que reciban ellos o sus familias", afirma el documento.
El Cermi considera que resulta “deseable” establecer un procedimiento de actuación orientado a garantizar, "en términos de respeto y trato idóneo", atención o intervención "apropiadas" desde el momento de la aparición o identificación de la discapacidad, presente o potencial, y su posterior comunicación a los progenitores o representantes legales, hasta la derivación a los servicios socio-sanitarios, educativos, de promoción de la autonomía personal o de otra índole que fueran necesarios.
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