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Nacional

La duración media de los procedimientos judiciales en España se redujo en 2014

Agencias
@DiarioSigloXXI
viernes, 22 de mayo de 2015, 11:45 h (CET)
- Según el CGPJ

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)



En 2014 la duración media de los procedimientos judiciales en España disminuyó en primera instancia un 4,4%, en segunda instancia un 10,7% y en el Tribunal Supremo un 2,2%, según un informe hecho público este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En concreto, la duración media de los procedimientos en primera instancia pasó de 3,9 a 3,7 meses, mientras que en segunda instancia bajó de 5,2 a 4,6 meses. En el Tribunal Supremo los procedimientos duraron de media 11,1 meses, frente a 11,3 meses en 2013.

Asimismo, la duración de los procedimientos bajó en todas las instancias en los órdenes penal y contencioso-administrativo. En el orden civil disminuyó en primera y en segunda instancia, aunque subió en el Tribunal Supremo. En el orden social la duración se redujo en segunda instancia y aumentó en primera instancia y en el Tribunal Supremo.

Por otro lado, según el informe del CGPJ ‘La Justicia dato a dato’, el número de asuntos en trámite en los juzgados y tribunales españoles a final de 2014 también se redujo en un 4,5% respecto al año anterior.

El número de quejas, reclamaciones, denuncias, sugerencias y peticiones de información registradas en 2014 por escrito ante la Unidad de Atención Ciudadana del CGPJ, otros órganos de gobierno o el Servicio de Inspección fue de 12.837, lo que supone un 16,16% menos que en 2013, cuando se recibieron 14.435.

AUMENTA LA TASA DE LITIGIOSIDAD

Sin embargo, la tasa de litigiosidad, que es el número de asuntos ingresados por cada mil habitantes, aumentó el año pasado un 1% respecto a 2013.

En este informe, el CGPJ también indica que los órganos judiciales españoles plantearon en 2014 un total de 41 cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

De esas 41 cuestiones prejudiciales, 17 estaban referidas a la protección de los consumidores; nueve a política social; cinco al espacio de libertad, seguridad y justicia; tres a ayudas del Estado; dos a asuntos de propiedad intelectual e industrial; dos a aproximación de las legislaciones; una a la libertad de establecimiento; otra a los mercados públicos, y la última a la ciudadanía de la Unión.

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