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Nacional

Podemos se querella contra tres magistrados del TSJ de Murcia por prevaricación

Agencias
@DiarioSigloXXI
jueves, 14 de mayo de 2015, 13:35 h (CET)
MADRID, 14 (SERVIMEDIA)



La secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, Carlonina Bescansa, y el secretario general de la formación en Murcia, Óscar Urralburu, han presentado querella en el Tribunal Supremo contra tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia por prevaricación.

Según la querella del partido que lidera Pablo Iglesias, los jueces incurrieron en una actuación irregular en el momento en que remitieron a un juzgado ordinario una querella que la Fiscalía presentó contra el candidato del PP Pedro Antonio Sánchez para evitar que fuera imputado en plena campaña electoral, en vez de tramitarla directamente.

La querella se dirige contra los magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ de Murcia Juan Martínez Moya, quien también es vocal es vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); Enrique Quiñonero Cervantes, y Miguel Pascual de Riquelme.

Podemos sostiene que el pasado 2 de febrero de 2015 la Fiscalía Superior de Murcia presentó querella dirigida, entre otros, contra Pedro Antonio Sánchez, por entonces consejero autonómico de Cultura, Educación y Empleo, y diputado de la Asamblea regional, en relación con la licitación, adjudicación, construcción y recepción de las obras de un auditorio en el municipio murciano de Puerto Lumbreras, del que era alcalde Pedro Antonio Sánchez.

Esas obras fueron abonadas por más de 5,5 millones de euros y aún no están terminadas. En dicha querella se imputaba la posible comisión de delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, prevaricación en concurso medial con un delito de fraude contra la Administración y falsedad en documento oficial.

El TSJ dictó un auto en el que admitía su competencia, reconocía el carácter de aforado de Pedro Antonio Sánchez, y destacaba la existencia de numerosos indicios de criminalidad contra él. Sin embargo, el TSJ decidió enviar todo el procedimiento, incluido lo que afecta al aforado, al Juzgado de Instrucción de Lorca, competente por el territorio.

Esa decisión cuenta con un voto particular del magistrado Manuel Abadía, que afirma que esa decisión no tiene sentido desde el punto de vista jurídico, puesto que la competencia es del TSJ, y era ese órgano el que debía empezar a instruirlo directamente, imputando al aforado.

El Ministerio Fiscal recurrió ese auto, ante la misma Sala, pidiendo que se declare la competencia del TSJ y que inicie a instrucción, imputando al aforado.

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