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Sociedad

El Congreso de la Abogacía busca fórmulas para lograr la igualdad real de las personas con discapacidad

Agencias
@DiarioSigloXXI
jueves, 7 de mayo de 2015, 20:00 h (CET)
- La delegada del Cermi para la Convención de la ONU dice que la crisis “no es excusa”

VITORIA, 07 (SERVIMEDIA)



El XI Congreso Nacional de la Abogacía, que se celebra en Vitoria, reflexionó hoy sobre la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad firmada en Nueva York y exploró las distintas fórmulas para lograr una igualdad de derechos real y el máximo respeto a la autonomía personal.

El Congreso celebró en su segunda jornada de trabajo un taller temático sobre 'Discapacidad y Derecho', en el que participaron el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Euskadi, Javier Domínguez; la delegada del Cermi para Convención de la ONU, Leonor Lidón Heras; el fiscal del Tribunal Supremo Carlos Ganzenmüller Roig, y Óscar Moral Ortega, en calidad de asesor jurídico del Cermi. El debate estuvo moderado por el decano del Colegio de Abogados de Mataró, Julio Naveira.

El taller contó con traducción simultánea a la lengua de signos, al igual que ocurrió con la sesión inaugural presidida por el rey Felipe VI, el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, y el ministro de Justicia, Rafael Català.

En su intervención, Domínguez se refirió al Convenio entre ONCE, Cermi y Consejo de la Abogacía Española firmado en 2004 para facilitar el acceso a la justicia y supresión de barreras, la sensibilización de colegios en relación a los letrados con discapacidad, el fomento del empleo en el mundo jurídico y diversos aspectos que han incluido acciones formativas, divulgativas y de accesibilidad. En total enumeró más de dos decenas de acciones tendentes a garantizar el acceso a los derechos de las personas con discapacidad.

Alrededor de cuatro millones de personas tienen alguna discapacidad, explicó el representante de la ONCE. Ellas y sus familias se encuentran en riesgo de exclusión social y sufren un peligro elevado de incurrir en situaciones de pobreza. Además, la crisis ha afectado a las prestaciones sociales, que se han reducido de manera significativa, por lo que el derecho en esta materia tiene un “alto contenido social”.

GARANTÍA DE DERECHOS

Asimismo, reclamó un paso delante en la mentalidad de toda la sociedad, pero sobre todo insistió en que “no basta con reconocer los derechos” sobre el papel, sino que hay que garantizar su ejercicio real y en pie de igualdad, aspecto en el que la Abogacía tiene un papel decisivo.

Leonor Lidón se refirió a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y denunció la falta de igualdad que se manifiesta desde el inicio de la etapa educativa, en la que aún no se da integración real. Insistió en que la “realidad biológica” que es la discapacidad está cargada de connotaciones negativas y en función de esa percepción “se conceden o limitan derechos”.

Recordó que en el artículo 8 de la Convención se produce un hecho jurídico novedoso que consiste en incidir sobre la percepción social de la discapacidad, porque esa mirada es la que determinará si hay inclusión o exclusión social. Que una persona con discapacidad acabe integrada en su entorno depende de cada uno de los miembros de la comunidad, y no de su condición individual, remachó.

“Los derechos son para todos, no valen excepciones”, y por eso los operadores jurídicos tienen una responsabilidad especial en la consecución de una igualdad real, indicó Lidón. En materia de ejercicio de derechos, las personas con discapacidad tiene que enfrentarse a barreras físicas y barreras de comunicación que aunque preservan la titularidad del derecho, lo hacen imposible desde el punto de vista práctico.

SIN EXCUSAS

Abogó por medidas de equiparación que sirvan para igualar en derechos a las personas con discapacidad y permitan la plena accesibilidad, o en su caso el diseño de un “traje a medida” para aquellos casos individuales que necesiten de solución. Insistió, además, en que de acuerdo con la ONU, los recortes presupuestarios “no pueden ser excusa” para limitar el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad.

También en nombre del Cermi, Óscar Moral desgranó lo que significa el artículo 12 de la Convención de la ONU para las personas con discapacidad, relativo a su capacidad jurídica. Se preguntó “¿hasta dónde nos lleva un sistema que nos habla de incapacitación, de tutela o de sustitución de la titularidad de un derecho?”.

La Convención, señaló, “nos dice que no se puede utilizar esa limitación de derechos, sino establecer un sistema de apoyos para que puedan ejercer esos derechos de los que son titulares". En ese sentido, denunció que la regulación actual, por ejemplo, de internamiento involuntario produce “vulneración de derechos” y “desprotección” de la persona con discapacidad.

Habló también de la pérdida del derecho al sufragio tras haber sido objeto de una sentencia de incapacitación, algo que Moral consideró “imposible de soportar” en un sistema democrático que supuestamente pretende “evitar corruptelas” con esa exclusión.

Finalmente, animó a los letrados presentes en el debate a imprimir una nueva perspectiva “a la hora de plantear nuestras demandas. No podemos hacer demandas como si fueran sentencias, tales como las de incapacitación, que se limitan a eliminar derechos”.

Por su parte, el fiscal Ganzenmüller destacó la labor de difusión de la Convención de la ONU que hace el Tribunal Supremo en sus sentencias. Insistió en que al no haber una legislación específica en España, este texto legal debe usarse como referente de derechos por los juristas españoles.

Asimismo, insistió en la inutilidad de los procesos de incapacitación y abogó mejor por habilitar las ayudas que la persona con discapacidad necesite para ejercer sus derechos en condiciones de igualdad.

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