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Andalucía. Díaz hace suyas y amplía en su investidura las medidas anticorrupción de Ciudadanos

Agencias
@DiarioSigloXXI
lunes, 4 de mayo de 2015, 13:50 h (CET)
MADRID/SEVILLA, 04 (SERVIMEDIA)



La presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, llevó hoy a su discurso de investidura algunas de reivindicaciones incluidas en el decálogo anticorrupción de Ciudadanos, como el cese inmediato de los cargos imputados por corrupción, la responsabilidad patrimonial de los partidos en estos casos o la creación de un órgano autónomo contra el fraude. Además, incorporó otras medidas, como impedir que los cargos públicos cobren otra retribución de su partido.

Díaz comenzó su discurso en el debate de investidura que se celebra hoy y mañana el el Parlamento andaluz invocando el deber de transformar la pluralidad política que se constató en las elecciones para mejorar la vida de los ciudadanos y para aprovechar los retos que se avecinan.

Dijo también que Andalucía se adelanta al resto de España en “un nuevo tiempo” de nuevos actores políticos, relevo generacional y nuevas exigencias éticas y de lucha contra la corrupción, que se repetirá en las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo.

Díaz se reivindicó como la candidata de la lista que “con diferencia” obtuvo más apoyos en las elecciones andaluzas del 22 de marzo y dijo que es “natural” que la suya ostente el gobierno mientras las demás se quedan en la oposición, por lo que justificó que pida su investidura a los grupos de la cámara.

En este sentido, recordó que “para que haya oposición”, ésta “tiene que permitir que haya gobierno”, porque de lo contrario ni una ni otro cumplirán su papel ante los ciudadanos. “Carecería de sentido que no fuéramos capaces de llegar a un acuerdo”, advirtió, desaconsejando un “bloqueo para no permitir el funcionamiento de nuestras instituciones de autogobierno en un momento en el que los ciudadanos no tienen un minuto que perder”.

Seguidamente definió la corrupción como la mayor causa de desprestigio de los políticos, por lo que propuso un acuerdo de todos contra la corrupción para garantizar que “casos como los ERE y la formación no volverán a repetirse”, pero que, aun siendo de ámbito andaluz, tenga vocación de servir de modelo para el resto de España.

MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN

Así, pasó a enumerar sus propuestas contra la corrupción, que recogen la mayoría de las reivindicaciones que le hizo Ciudadanos a través del decálogo que le presentó como condición sine qua non para abstenerse y por tanto permitir su investidura y que el PSOE andaluz anunció este sábado que aceptaba en todos sus aspectos.

Anunció, en esta línea, la publicación en Internet de la organización, procedimientos y cuentas de los partidos políticos y las retribuciones de los cargos y sus cónyuges. También propuso un acuerdo para separar de inmediato a cualquier cargo que sea imputado por corrupción o que mienta sobre su currículum, que los partidos se hagan responsables patrimoniales de los actos de corrupción y financiación ilegal, la introducción de primarias para elegir a los candidatos de los partidos y la creación de una Oficina de Prevención del Fraude que podrá incoar por su cuenta procedimientos sancionadores en el ámbito administrativo y pedir responsabilidades penales. Todo esto se lo había pedido Ciudadanos, y en el caso de la responsabilidad patrimonial también Podemos.

A mayores, la presidenta andaluza anunció que propondrá que los cargos públicos no podrán recibir de su partido ninguna otra retribución y que se aprobará una Ley de Buen Gobierno y Altos Cargos por la que la Cámara de Cuentas andaluza tendrá la obligación de colaborar e imponer multas coercitivas a los responsables que no rindan cuentas.

Díaz adelantó igualmente que se promulgará una Ley de Participación Ciudadana para canalizarla en Internet mediante un Portal de Gobierno Abierto y Oficina Ciudadana en el Parlamento andaluz que recabará, canalizará y difundirá las aportaciones de los ciudadanos en el gobierno autonómico.

En lo que hace referencia a las competencias estatales, la presidenta de la Junta prometió que pedirá que se cree un registro público estatal donde se centralice toda la información relativa a los partidos políticos y al que todas las administraciones tendrán obligación de enviar toda la información que atesoren; que los cargos políticos tengan que responder con su patrimonio a los fraudes de corrupción que cometan, y que esto sea imprescriptible, que se prohíba por ley conceder un indulto a los responsables que cometan este tipo de delitos y que se tipifique el delito de financiación ilegal de los partidos y sindicatos (otra reclamación de Ciudadanos).

Por último, en lo que se refiere a la regeneración política, Díaz anunció que pedirá al Congreso de los Diputados que se apruebe una reforma electoral por la que los presidentes autonómicos y los alcaldes sean elegidos por sufragio universal, con segunda vuelta si ningún candidato obtiene mayoría absoluta en la primera, y con votación de listas desbloqueadas.

En otros ámbitos, Díaz prometió reducir un 10% los altos cargos y personal eventual contratado por la Junta, aprobar una ley de emprendedores, reducir entre dos y cinco puntos el IRPF a las clases medias, fijar en 175.000 euros el mínimo exento para el Impuesto de Sucesiones y en 250.000 si los herederos tienen menos de 21 años; aumentar un 20% el presupuesto en I+D+i y que las empresas puedan crearse con un solo trámite, en dos días y sin coste de tasas administrativas.

En materia social, se comprometió a incrementar en 12.000 las plazas de atención infanti, a aprobar una ley que blinde el carácter público de la sanidad, a limitar a 90 días el tiempo de espera para operaciones cardíacas y a extender a toda la región la realización de pruebas de detección precoz del cáncer de mama y el colonorrectal.

También anunció que pondrá ascensores en las viviendas donde vivan personas mayores o con discapacidad, que prohibirá por ley vender viviendas públicas a fondos de inversión, que aprobará una ley de servicios sociales con una carta de derechos y deberes de sus usuarios y otra para conceder una renta básica social a los ciudadanos, como reivindica Podemos.

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