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Sociedad

Ébola. El TSJM rechaza una querella contra el consejero madrileño de Sanidad por la muerte del perro 'Excálibur'

Agencias
@DiarioSigloXXI
miércoles, 26 de noviembre de 2014, 12:20 h (CET)
MADRID, 26 (SERVIMEDIA)



La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó este miércoles admitir a trámite la querella presentada por el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (Pacma) contra el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, por un presunto delito de prevaricación administrativa en el sacrificio de 'Excálibur', el perro de la técnico de enfermería Teresa Romero, que ha superado la enfermedad del ébola, y su marido, Javier Limón.

'Excálibur' fue sacrificado en la vivienda de Romero y Limón, en Alcorcón, el pasado 8 de octubre, un día después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid autorizara la entrada al domicilio a los encargados de realizar la eutanasia por considerar que existía riesgo de que el perro pudiera contagiar el ébola, después de que Limón se negara a ello. Dos días después, el 10 de octubre, el Pacma presentó una querella ante el TSJM.

En un auto hecho público este miércoles, cuyo ponente es Francisco Javier Vieira, el TSJM señala que no cabe atribuir a Rodríguez delito de prevaricación administrativa por “la mera opinión subjetiva del querellante” por una presunta ilegalidad en la actuación administrativa denunciada.

Por ello, señala que no cabe abrir un proceso penal por prevaricación “y más aún cuando la intervención de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo para posibilitar la ejecución forzosa de la resolución administrativa revela, en principio, que en vía jurisdiccional se consideró, aunque fuera de forma provisional, que no concurrían graves irregularidades en la resolución administrativa”.

Además, apunta que la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, ampara la adopción de medidas para “para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”.

OTRA DENUNCIA

Por otro lado, el TSJM incoó el pasado 12 de noviembre un procedimiento de diligencias previas por una denuncia penal presentada por la Asociación Contra el Maltrato (ACM) contra Rodríguez el 23 de octubre por presunta prevaricación en el sacrificio de 'Excálibur'. Con ello, inició la fase de instrucción para la valoración de las pruebas que se vayan practicando para que la Sala determine si hay indicios o no de la comisión del ilícito penal denunciado.

Se trata de una denuncia presentada al margen de la querella del Pacma y de las acciones iniciadas por Romero y Limón bajo la defensa del abogado José María Garzón, como una demanda civil para reclamar 150.000 euros a Rodríguez como indemnización por atentar gravemente contra su honor y una reclamación administrativa por valor de 150.000 euros por el sacrificio de 'Excálibur'.

Además de Rodríguez, la denuncia penal presentada por la ACM, de 18 páginas y recogida por Servimedia, también menciona como denunciado al director general de Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad, Manuel Molina.

La denuncia señala que la eutanasia practicada a 'Excálibur' incumple el artículo 12 la ley autonómica de protección de los animales domésticos de la Comunidad de Madrid, que destaca que “los ayuntamientos y las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid podrán ordenar el internamiento de los animales de compañía, en caso de que se les hubiera diagnosticado enfermedades transmisibles, ya sea para someterlos a un tratamiento curativo o para sacrificarlos si fuera necesario”.

Además, indica que fue una “resolución absolutamente injusta y arbitraria”, porque también se vulneró el principio de precaución contenido en la Ley General de Salud Pública, ya que no hubo pruebas diagnósticas del perro que justificaran “la existencia de indicios fundados de una posible afectación grave de la salud de la población”, y el principio de proporcionalidad recogido de la Ley General de Sanidad, puesto que existían “otras opciones viables” para gestionar el “posible riesgo de estar ante un animal infectado”.

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