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Sociedad

Discapacidad. El presidente del Cermi pide al Congreso voluntad política para avanzar en accesibilidad

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 25 de noviembre de 2014, 13:45 h (CET)
- Pérez Bueno presenta el informe ‘100 denuncias 100’ en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)



El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, reclamó este martes en el Congreso de los Diputados "voluntad política" para avanzar en materia de accesibilidad.

Así lo hizo durante su comparecencia en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, a petición del Grupo Socialista, para presentar el informe ‘100 denuncias 100’, un documento elaborado por el Cermi que recoge un centenar de casos reales de toda España sobre vulneración de derechos de las personas con discapacidad por ausencia de accesibilidad universal.

Pérez Bueno comenzó su intervención asegurando que “sin condiciones de accesibilidad, los derechos fundamentales quedan para las personas con discapacidad como declarativos y nominales”, en insistió en que “la ausencia de accesibilidad es una auténtica vulneración de derechos y un acto sancionable por ley”.

Aunque reconoció que en los últimos años se han producido avances en materia de conciencia social en materia de accesibilidad, “se trata de una cuestión pendiente y no resuelta, que provoca la exclusión de las personas con discapacidad”, dijo. “Se necesitan estrategias públicas para avanzar en entornos inclusivos”, aseguró.

INFORME

Asimismo, el presidente del Cermi explicó que el informe, de 400 páginas, se ha elaborado mediante el envío de 4.000 cuestionarios, que llevaron a una recepción de más de 400 denuncias, entre las que se escogieron un total de 100 casos significativos que comprometen derechos fundamentales y libertades públicas de las personas con discapacidad.

Así, afirmó que 38 de estas denuncias son de ámbito estatal y 62 se han producido en territorios autonómicos y se extienden a todos los productos, servicios o procedimientos y afectan a todas las discapacidades.

Pérez Bueno insistió además en que el informe plantea para cada denuncia una solución “factible”, que “se puede llevar a la práctica con voluntad política y con presupuesto", aunque este último "no es un factor esencial”.

El presidente del Cermi animó a los parlamentarios a “ver la accesibilidad no solo como una fuente de imposiciones, sino como un sector económico emergente que genera bienestar pero también actividad económica”.

Además, se refirió al recorrido institucional del informe, concebido como una “denuncia global para la toma de conciencia”, y aseguró que el texto se ha enviado a la Comisión de Peticiones del Congreso, a la Defensora del Pueblo, quien ha confirmado la admisión de 97 de las 100 quejas abriendo expediente individual para cada una de ellas, al Consejo Nacional de la Discapacidad, a los defensores autonómicos y a la Fiscalía General del Estado "por si algún caso pudiera tener dimensión penal".

LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL

También señaló algunas de las propuestas del Cermi en materia de accesibilidad, como la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que calificó de ”inaplazable”. En esta línea, ofreció datos derivados del ‘Observatorio de la Accesibilidad Universal en la Vivienda en España 2013’, elaborado por Fundación ONCE, como que el 75% de los edificios destinados a vivienda en España no son accesibles.

Además, reclamó la aprobación de un reglamento de condiciones básicas de accesibilidad a bienes y servicios a disposición del público y el cumplimiento de las normas existentes. En este último punto, señaló que la legislación actual obliga a que en 2017 todos los entonos sean accesibles por mandato de la Liondau de 2003.

Entre otras cuestiones, solicitó la reforma de la legislación actual de infracciones y sanciones en materia de accesibilidad universal, la creación de un Fondo de Accesibilidad, la modificación de la normativa de pasajeros con discapacidad en lo que respecta al transporte aéreo, el cumplimiento de la cuota del 5% de taxis accesibles y la modificación de la legislación audiovisual.

Durante la comparecencia, la diputada socialista Gracia Fernández Moya aseguró que este informe es “una gran herramienta para poder avanzar”, que “recoge propuestas que deben transformarse en iniciativas que se puedan discutir en la Cámara”. En su opinión, “es necesaria no sólo la elaboración de legislaciones vigorosas, sino que se cumplan las leyes en vigor”.

Por parte de La Izquierda Plural, Caridad García destacó que “queda mucho por hacer” y animó a todos los grupos parlamentarios “a reflexionar para que se acelere la accesibilidad a todos los ciudadanos con discapacidad”. En su opinión, “avanzar en conciencia es muy importante pero no vale con eso, sino que hay que facilitar los recursos necesarios”.

Finalmente, el popular Francisco Vañó explicó que desde 1982 “se han elaborado nueve leyes muy importantes con la vocación de solucionar los problemas de la discapacidad”, lo que supone una “evolución muy importante”, aunque, puntualizó, “queda mucho por hacer para conseguir la igualdad de derechos”. Vañó señaló que “tener mucha legislación no resuelve los problemas del todo” y subrayó la importancia de la concienciación social de la ciudadanía.

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