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Madrid. Las víctimas de violencia de género podrán solicitar la Renta Mínima aunque no lleven un año viviendo en la Comunidad

Agencias
@DiarioSigloXXI
jueves, 20 de noviembre de 2014, 14:46 h (CET)
MADRID, 20 (SERVIMEDIA)



La Comunidad de Madrid favorecerá la percepción de la Renta Mínima de Inserción (RMI) a las mujeres víctimas de violencia de género y a las víctimas de violencia familiar, según explicó su portavoz, quien indicó que el Consejo de Gobierno aprobó el nuevo reglamento de esta prestación.

Victoria dijo que con el nuevo reglamento, una mujer víctima de violencia de género que resida fuera de la región y tenga que trasladar su residencia a la Comunidad, podrá solicitar la RMI y no se le requerirá la residencia mínima de un año para poder recibir la prestación.

Señaló que hasta ahora, la RMI sólo podían solicitarla las personas con edades comprendidas entre los 25 y 65 años, aunque con algunas excepciones como ser menor de 25 o mayor de 65 años y tener a su cargo menores o personas con discapacidad.

“Con el nuevo reglamento, las personas que hayan sufrido violencia familiar y tengan entre 18 y 25 años, tendrán la posibilidad de ser reconocidas para recibir la prestación de la RMI”, aseguró Victoria.

Además, afirmó que también se permitirá que los menores tutelados por la Comunidad de Madrid puedan solicitar la prestación antes de cumplir la mayoría de edad, garantizando así tenerla reconocida cuando tengan 18 años, lo que permitirá que dispongan de recursos económicos cuando alcancen la mayoría de edad.

Entre las nuevas medidas, también se protege especialmente a los más vulnerables, como personas que están solas, en situación de exclusión social o personas que sufran algún tipo de adicción o dependencia, siempre que se acredite un proceso de intervención con su trabajador social.

Informó de que la Comunidad de Madrid ha destinado este año cerca de 100 millones de euros a la Renta Mínima de Inserción (RMI) y dijo que esta inversión ha servido para ayudar a más de 22.000 familias madrileñas que están en riesgo de exclusión social.

Añadió que desde la entrada en vigor de la RMI en 2002, el 50% de los perceptores ha dejado de recibirla al mejorar su situación laboral, gracias a los proyectos de inserción socio-laboral puestos en marcha por el Gobierno regional.

Victoria apuntó que este año ha descendido un 15% el número de solicitantes de la RMI. La Renta Mínima de Inserción se concede a toda persona que se encuentra sin ingresos para satisfacer las necesidades básicas de la vida diaria durante el tiempo que sea necesario y siempre que se cumplan requisitos establecidos como carecer de ingresos económicos, tener un patrimonio inferior a los 22.533 euros en el caso de una persona sola (la vivienda habitual no se computa), contar con residencia legal en la Comunidad de Madrid y estar empadronado en algún municipio de la región con una antigüedad de 12 meses.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno también autorizó un gasto de 652.000 euros para las prórrogas en 2015 de dos contratos para la gestión del Centro de atención a mujeres víctimas de violencia sexual (Cimascam) y un centro para víctimas de violencia de género.

Asimismo, en el ámbito de la atención a la discapacidad, el Consejo de Gobierno aprobó 578.500 euros para la continuidad -en el primer semestre de 2015- de dos centros de día para personas con discapacidad física gravemente afectadas.

Uno de los centros se especializa en las personas afectadas de parálisis cerebral y el otro recurso está dirigido tanto a usuarios afectados por la parálisis cerebral como a los afectados por otras enfermedades que determinan una situación de dependencia en la que precisan ayuda de una tercera persona para realizar las actividades más básicas de la vida diaria.

Salvador Victoria indicó que la Comunidad garantizará durante los próximos tres años el mantenimiento de 50 plazas, con una inversión de 7.535.000 euros, en la residencia infantil Picón de Jarama, en Paracuellos de Jarama.

Este centro, que atiende a adolescentes que presentan trastornos de conducta y del comportamiento, es de carácter terapéutico y requiere un tipo específico de atención, lo que implica una intervención multidisciplinar, con una intervención a nivel clínico, educativo y socio familiar, para que los menores alcancen un desarrollo integral como personas.

A día de hoy, más de 4.000 menores están bajo alguna medida de protección del Gobierno regional.

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