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Cataluña. El fiscal general deja en manos de la Junta de Fiscales la querella contra Mas por el 9-N

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 18 de noviembre de 2014, 12:30 h (CET)
- Se reúne el miércoles a partir de las 10.00 horas

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)



La Junta de Fiscales de Sala se reunirá mañana a partir de las 10.00 horas para pronunciarse sobre la posibilidad de presentar una querella contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas , y su vicepresidenta, Joana Ortega, por un delito de desobediencia en la celebración del 9-N, después de que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, decidiera consultar a este órgano.

Después de reunirse con los fiscales catalanes y de que éstos decidieran, en contra de su criterio, que no hay motivo para querellarse contra los máximos representantes del Ejecutivo catalán por la convocatoria de la consulta, su superior jerárquico ha optado por trasladar el debate a la Junta de Fiscales.

Esta opción representa un reconocimiento implícito de la insumisión de los fiscales catalanes y supone trasladar a un órgano de carácter consultivo una decisión que podría imponer el propio Fiscal General, si hiciera valer su condición de superior jerárquico.

La Junta de Fiscales está compuesta por 25 miembros y sus decisiones no son vinculantes para el fiscal general del Estado. En la actualidad, su composición es equilibrada entre progresistas y conservadores.

Torres-Dulce acordó esta convocatoria tras recibir la comunicación de la Fiscalía Superior de Cataluña, que indica que "por el momento no procede iniciar acciones penales contra los responsables del llamado proceso de participación ciudadana", después de que seis de los nueve fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mostraran su oposición a presentar la querella.

En principio, Torres-Dulce tendría previsto acatar la decisión de la Junta que, según fuentes jurídicas, acordaría como máximo querellarse por desobediencia contra Mas y Ortega, sin incluir a otros miembros del Gobierno catalán ni contemplar los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, como quería el fiscal General en un primer momento.

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