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Nacional

Cataluña. Convivencia Cívica Catalana considera una “atrocidad” un 9-N organizado por las entidades secesionistas

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 4 de noviembre de 2014, 12:34 h (CET)
MADRID, 04 (SERVIMEDIA)



El presidente de Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, dijo este martes que sería una “atrocidad” que las organizaciones civiles a favor de la independencia organizasen un proceso de participación ciudadana el 9 de noviembre, día pensado para la consulta soberanista. En su opinión, la Fiscalía tendría que investigar “cómo están subvencionadas estas entidades”, que calificó como “el brazo armado civil” de la Generalitat.

Caja se expresó en estos términos, en declaraciones a Servimedia, refiriéndose al nuevo plan que estarían barajando los nacionalistas de pedir una implicación más directa a entidades independentistas si el Tribunal Constitucional, tal y como se prevé, se pronuncia hoy y suspende la consulta alternativa del presidente de la Generalitat, Artur Mas, para el 9 de noviembre.

“Es una atrocidad que gente subvencionada con dinero público trate de echar abajo el orden constitucional”, dijo indignado, al tiempo que reclamó a la Fiscalía que investigue “cómo están subvencionadas” entidades como la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) u Òmnium Cultural y acabe con lo que, en su opinión, es “el brazo armado civil” del Ejecutivo de Artur Mas.

En este sentido, sostuvo que, “evidentemente, la fiesta de la independencia la estamos pagando todos” y, por ello, pidió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que “tome medidas” y practique una política “más inteligente”, para que se “respeten” los derechos y libertades de los catalanes.

Para Caja, que la Generalitat piense en delegar la puesta en marcha del 9-N en las entidades civiles que actúan en pro de la independencia es una forma de “evitarse las responsabilidades directas de cualquier acción que implique responsabilidad”.

Según defendió el presidente de este colectivo, el desafío independentista “es fruto de treinta años de política de cesiones” por parte del Gobierno central, al que acusó de no tener como objetivo “el respeto al orden constitucional”.

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