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(Ampliación) Caso Nóos. El juez encuentra indicios suficientes de que la infanta Cristina participó en la “actividad defraudatoria” de Aizoon

Agencias
@DiarioSigloXXI
miércoles, 25 de junio de 2014, 10:16 h (CET)
MADRID, 25 (SERVIMEDIA)



El juez de instrucción número tres de Palma de Mallorca, José Castro, confirmó este miércoles la imputación de la infanta Cristina por dos delitos de blanqueo de capitales y otro fiscal, al finalizar la instrucción del 'caso Nóos', en el que también se confirma la imputación de su marido, Iñaki Urdangarin.

Según el auto dictado por el juez, hay elementos “suficientemente indiciarios” de que doña Cristina participó en la actividad defraudatoria de la sociedad Aizoon, de la que era propietaria al 50 por ciento con su marido.

Según informaron fuentes judiciales, Castro ha dictado auto de transformación en procedimiento abreviado, con el que da por finalizada la instrucción de la pieza 25 del 'caso Palma Arena'.

Entre los imputados, que se acercan a la veintena, destacan además el exsocio de Urdangarin, Diego Torres; su mujer, Ana María Tejeiro, y el expresidente balear Jaume Matas. Sin embargo, la imputación se levanta para el secretario de la infanta, Carlos García Revenga, Mario Sorribes, Miguel Zorio y Alfonso Grau.

En su resolución de 167 folios, el juez concluye que la la hija de don Juan Carlos y su marido deben continuar imputados. Las penas a las que se enfrentan son de un máximo de seis años por blanqueo de capitales y de cinco para el delito fiscal.

El auto no es firme y en su contra se puede presentar recurso de apelación ante la Audiencia de Palma. El magistrado da un plazo de 20 días para que las acusaciones formulen sus escritos ante el juzgado solicitando la apertura de juicio oral o pidan el sobreseimiento.

Por tanto, el juez Castro deja clara su intención de llevar a la hermana del rey Felipe VI y a su cuñado al banquillo de los acusados, algo que aún está por ver si sucede a la vista de que tanto la fiscalía como la Abogacía del Estado y las defensas piensan recurrir. En el caso del delito fiscal es necesario que la Hacienda Pública acuse al supuesto defraudador para que haya una condena, según la conocida como `doctrina Botín´.

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