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Sociedad
    

El Tribunal de Cuentas halla contratos irregulares de fundaciones estatales

Agencias
@DiarioSigloXXI
domingo, 22 de junio de 2014, 11:26 h (CET)
MADRID, 22 (SERVIMEDIA)



El Tribunal de Cuentas ha aprobado un informe de fiscalización en el que da cuenta de diversas anomalías que ha encontrado en las contrataciones realizadas por parte de varias fundaciones estatales durante el ejercicio 2012.

El informe, aprobado por el pleno del tribunal en su sesión del pasado 29 de mayo y al que ha tenido acceso Servimedia, señala a la Fundación Enresa y la responsabiliza de haber calificado “como contratos adjudicados por un procedimiento negociado con publicidad una serie de negocios jurídicos que no tuvieron la naturaleza que se predicaba en dicha relación”.

También asegura que esta fundación “no ha efectuado un adecuado cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de sus Estatutos, que establece que la selección de los beneficiarios de las cantidades abonadas por la misma para desarrollar el bienestar social de las zonas de implantación de las instalaciones de Enresa se efectuará con criterios de publicidad, imparcialidad y no discriminación”.

La manera de proceder de la Fundación Enresa, subraya el informe, “ha dado lugar a que haya perdido, siquiera parcialmente, en algunas ocasiones, el control de las actividades que financia. Esta situación se produce, especialmente, en las aportaciones a diferentes mancomunidades, ya que la existencia de un elevado número de proyectos diferentes puede impedir el debido análisis previo que demuestre que las actividades financiadas guardan estricta relación con los fines de la fundación”.

La existencia de un solo edificio, en la ciudad de Madrid, en el que se ubican las sedes de la fundación y la mercantil pública Enresa, “ha dado lugar a que la primera satisfaga, anualmente, a la segunda diferentes cantidades en concepto de ‘repercusión de gastos de administración’ y ‘cesión de instalaciones para uso de la fundación’. Esta manera de proceder ha originado la infracción del artículo 28 del TRLCSP (Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público) que somete a todo el sector público a la obligación de formalizar los contratos y solo permite la contratación verbal en aquellos que tengan carácter de emergencia, lo que no sucede en el presente caso”.

SOLVENCIA TÉCNICA

El informe también menciona “un expediente de contratación de la Fundación Genoma España” que refleja una “ausencia de justificación suficiente acerca de la necesidad de un contrato menor”.

El tribunal también ha comprobado que en varios de los expedientes objeto de fiscalización de la fundaciones Genoma España, CNIC, CNIO, CIEN y FECYT, los respectivos pliegos incluían, dentro de los criterios de selección del contratista, la valoración de los medios humanos, técnicos y materiales afectos al cumplimiento del contrato.

“Dichos elementos han de estar solamente al servicio de la acreditación de la solvencia técnica de los licitadores, y por tanto, con carácter general, no han de ser tenidos en cuenta para la valoración de las respectivas ofertas, salvo que mejoren los mínimos establecidos, en su caso, en los PPT, circunstancia ésta que no concurre en ninguno de los mencionados expedientes de contratación”, indica el informe.

En varios de los expedientes de contratación objeto de análisis de la Fundación CNIC se ha observado que los respectivos pliegos no especificaban los medios a través de los cuales los licitadores habrían de acreditar su solvencia económica, financiera y técnica.

Asimismo, en varios de los expedientes examinados de las fundaciones CNIO y FECYT se incluyeron dentro de los criterios de valoración de las ofertas no susceptibles de la aplicación de fórmulas, factores de valoración objetiva. ”Esta manera de proceder”, añade el informe, “restó en ambas fundaciones transparencia al proceso de selección del contratista, en la medida que con ello resultaba alterado el orden de conocimiento y de valoración, por el órgano de contratación, de los elementos de la oferta susceptibles de valoración objetiva”.

En algunos de los contratos celebrados por las fundaciones CETAL y CIEN, el tribunal ha observado que “la gestión de los pagos ha sido bien contraria a las previsiones legales, infringiéndose la regla del servicio hecho, o bien contraria a los compromisos contractuales”.

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