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RSC. Inversores institucionales, a favor de que las empresas informen sobre los riesgos en la trata y la esclavitud

Agencias
@DiarioSigloXXI
miércoles, 18 de junio de 2014, 10:00 h (CET)
- Ante la tramitación de una ley en el Congreso de Estados Unidos

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)



Un grupo de inversores institucionales norteamericanos encabezados por Interfaith Center on Corporate Responsibility, con 300 inversores que gestionan cerca de 100.000 millones de dólares en activos, además de Calvert Investments y Christian Brothers Investment Services, se han mostrado a favor del nuevo proyecto de ley impulsado por los congresistas estadounidenses Carolyn Maloney y Chris Smith por el que las empresas deberán informar sobre los impactos y riesgos sobre el trabajo esclavo y trata de personas.

La nueva ley, que está en fase de tramitación, pide a las empresas incrementar su compromiso para poner fin a este tipo de violaciones de los derechos humanos, exigiéndoles que expliquen las políticas y sistemas de gestión que tienen en el lugar para identificar y erradicar estas prácticas dentro de sus cadenas de suministro globales.

Los inversores creen que estos riesgos son importantes y que las empresas tienen la responsabilidad de divulgar sus esfuerzos para luchar contra ellos, como se destaca en los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.

Dada la complejidad de las cadenas mundiales de suministro y la multitud de contratas y subcontratas utilizadas en los actuales procesos de producción, las compañías que no cuentan con unos protocolos integrales contra la trata y la esclavitud están expuestas a riesgos financieros, normativos, legislativos, jurídicos y de reputación, de manera que pueden afectar negativamente al valor la compañía y de las acciones, según dichos inversores.

Sin embargo, al abordar de manera proactiva estos riesgos se puede evitar la publicidad negativa, las interrupciones de los procesos, prever posibles demandas y protestas públicas, y por lo tanto daños reputacionales que pueden resultar de violaciones de derechos humanos no detectados.

De esta forma, los inversores institucionales consideran que las empresas que cuentan con procedimientos de debida diligencia en relación con los derechos humanos en sus procesos están en mejor posición para protegerse contra los impactos negativos ante posible falta de los mismos y, por tanto, tienen una mayor capacidad para proteger el valor de los accionistas.

El actual proyecto de ley en fase de tramitación tiene su base en la ley californiana sobre Transparencia en la Cadena de Suministro, que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2012 y se aplica a los fabricantes y distribuidores que hacen negocios en dicho estado. Con la nueva norma se verían afectadas todas las entidades que cotizan en bolsa o privadas en todos los sectores y, en consecuencia, tendría amplia repercusión internacional.

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