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El Defensor del Pueblo Vasco exigió en noviembre al Ayuntamiento de Sestao que empadronara a un inmigrante y su familia

Agencias
@DiarioSigloXXI
viernes, 23 de mayo de 2014, 13:00 h (CET)
MADRID/VITORIA, 23 (SERVIMEDIA)



El Ararteko o Defensor del Pueblo Vasco ya recomendó el pasado mes de noviembre al Ayuntamiento de Sestao (Vizcaya) que empadronara a un inmigrante y su familia que lo habían solicitado y, al no ser atendida su petición, presentaron una queja a esta institución autonómica.

Fuentes del Ararteko explicaron a Servimedia que no prevén realizar ninguna valoración de las manifestaciones realizadas hace un año por el alcalde del municipio, Josu Bergara, en un encuentro con representantes de inmobiliarias, y que ha divulgado ahora la ONG SOS Racismo. Se remitieron, en su lugar, a esta resolución emitida el pasado mes de noviembre.

En ella, la institución se hace eco del caso de este inmigrante que "se personó en el Ayuntamiento acompañado del arrendador para poder empadronarse junto con su familia en la vivienda arrendada" por ellos en Sestao desde diciembre de 2012, a quienes se les indicó "sin más motivo que no les podían empadronar" y, por ello, "no han tenido opción a la escolarización de sus hijos ni a la tarjeta sanitaria".

El Ararteko indica que solicitó al Ayuntamiento la documentación correspondiente que avalara esta negativa, y que Bergara contestó pero sin mandársela.

Por ello, el Defensor del Pueblo vasco le recordó, con las referencias legales oportunas, que los ayuntamientos tienen obligación de registrar a las personas que viven en su municipio "sin que resulte procedente la exigencia de requisitos que se aparten o no resulten adecuados" para su empadronamiento.

La resolución denunciaba que la respuesta del alcalde "se refiere a cuestiones totalmente ajenas a la comprobación de si la familia que ha solicitado el empadronamiento reside efectivamente en el domicilio solicitado, único motivo para el caso de constatar que no es su residencia, que justificaría la negativa municipal a empadronarles".

Una de esas cuestiones ajenas era que se había ordenado su desalojo. El Ararteko replicó que tales "incidencias" no permiten al Ayuntamiento la actuación por la vía de hecho, sin sujetarse a los trámites y procedimientos legalmente establecidos y sin aportar "fundamentos de derecho", y citaba como agravante el que la negativa de empadronamiento perjudicara la escolarización y atención sanitaria a menores de edad.

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