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Sociedad

Amnistía constata torturas y uso excesivo de la fuerza de los agentes del orden en Venezuela

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 1 de abril de 2014, 12:51 h (CET)
- Alerta de “una espiral de violencia” si Gobierno y opositores no fomentan “un diálogo nacional”

MADRID, 01 (SERVIMEDIA)



Amnistía Internacional afirma que las fuerzas de seguridad de Venezuela, como la Guardia Civil y la Policía, han recurrido al uso excesivo de la fuerza, incluyendo armas de fuego y balas de goma, contra manifestantes contrarios al Gobierno de Nicolás Maduro, y que incluso han torturado a algunos de ellos.

Además, constata que “grupos armados progubernamentales” y “manifestantes e individuos no identificados” también han cometido violaciones y abusos a los derechos humanos en el contexto de las masivas protestas iniciadas el pasado 4 de febrero.

Así se recoge en el informe de Amnistía Internacional (AI) ‘Venezuela: Los derechos humanos en riesgo en medio de las protestas', presentado este martes en una rueda de prensa en Madrid, donde se destaca que Venezuela se arriesga a una mayor espiral de violencia y a afrontar una de las peores amenazas al Estado de derecho de las últimas décadas si el Gobierno y los líderes de la oposición y de la sociedad civil no se comprometen a respetar los derechos humanos.

El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, señaló que esta organización ha recogido “un número elevado de denuncias consistentes” relativas a “violaciones al derecho a la vida y torturas; violaciones a la integridad física, como palizas; uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad; detenciones arbitrarias; violaciones al debido proceso judicial, como restringir el acceso de abogados a los detenidos, y vulneraciones al principio de presunción de inocencia”.

Beltrán apuntó que los incidentes de las protestas han dejado, hasta el pasado 27 de marzo, un saldo de 37 muertos y más de 550 heridos, entre ellos 180 miembros de las fuerzas de seguridad y al menos 120 personas alcanzadas por armas de fuego o impactos de balas de goma. Además, unas 271.57 personas fueron detenidas durante las protestas, aunque la mayoría han sido liberadas.

La Fiscalía General de la Nación ha abierto 82 investigaciones por presuntas violaciones de derechos humanos (75 de ellos por malos tratos), por lo cual algunos responsables están detenidos, lo que Beltrán consideró “positivo”, pero el director de AI en España echó en falta que no se haya abierto ninguna en casos de uso excesivo de la violencia o detenciones arbitrarias.

“O los derechos humanos se ponen al frente de la agenda política en Venezuela, o Venezuela corre el riesgo de entrar en una espiral de violencia que llevará a un mayor número de abusos y violaciones a los derechos humanos”, apuntó Beltrán.

En este sentido, propuso que se ponga en práctica un Plan Nacional de Derechos Humanos que garantice los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todos los venezolanos, “independientemente de sus convicciones políticas”.

Beltrán añadió que este plan debe ser fruto de “un diálogo nacional” entre el Gobierno, los líderes de la oposición y la sociedad civil; que deben acometerse mayores controles sobre las armas y que los países vecinos de la región, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) fomenten soluciones respetuosas de los derechos humanos y promuevan el diálogo.

“GRAN PREOCUPACIÓN”

Por su parte, Nuria García, investigadora de AI sobre Venezuela, explicó que esta organización ha llevado a cabo una investigación sobre el terreno en este país, con testimonios de defensores de los derechos humanos, abogados, familiares y víctimas de violaciones y abusos, y que ha mantenido reuniones con la fiscal general de la Nación y con la defensora del Pueblo.

García consideró de “gran preocupación” el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, la utilización de armas de fuego contra manifestantes y también de perdigones de goma, “en algunos casos sin mediar una clara advertencia para que se dispersaran”; que “muchos de los detenidos” no hayan tenido un abogado a las 48 horas siguientes al arresto, y las declaraciones de “altas autoridades del Gobierno aludiendo a la culpabilidad” de las personas apresadas.

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