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Nacional

El Congreso pide mejorar la ayuda consular a presos españoles en el extranjero

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 18 de marzo de 2014, 21:07 h (CET)
MADRID, 18 (SERVIMEDIA)



El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este martes, por 309 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, instar al Gobierno mejorar la ayuda consular para asistir jurídicamente a los presos españoles encarcelados en el extranjero.

Así consta en la enmienda transaccional a la proposición no de ley del PP para “mejorar las políticas de asistencia a presos españoles en terceros países y agilizar su traslado a prisiones españolas”.

La enmienda transaccional, que fue el único punto de la sesión plenaria de este martes que salió adelante, ha sido negociada por el PP, PSOE, CiU, el Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, PNV y UPN (Grupo Mixto).

El texto insta al Gobierno “a incrementar los medios de la ayuda consular destinada a la asistencia jurídica que contribuya a una defensa eficaz y una tramitación ágil de recursos y solicitudes de traslado”.

Asimismo, le insta a ampliar “la ayuda carcelaria a posibles tratamientos médicos y farmacológicos a los presos bajo supervisión de los consulados”.

BASE DE DATOS

Además, propone aumentar la cooperación interministerial para “elaborar una base de datos en la que se recojan [...] elementos tales como la condena y delito por el que están condenados y la situación de los presos españoles en el exterior, permitiendo con ellos una mejor atención a este colectivo”.

Otra de las cosas que se pide al Gobierno es que amplíe “el número de convenios bilaterales de traslado de presos para cumplimiento de condena, mediante nuevas negociaciones diplomáticas, así como promover la adhesión de terceros países al Convenio de Estrasburgo del Consejo de Europa sobre traslado de condenados”.

Además, le insta al “cumplimiento de las penas en España, de acuerdo con los convenios suscritos, fortaleciendo la confianza bilateral en los mismos”.

Durante el debate parlamentario, el diputado del PP Ramón Gómez de la Serna hizo hincapié en que existen 2.180 españoles en prisiones extranjeras y que el 60% de las cárceles en las que se encuentran están muy alejadas de los estándares español y occidental.

En su opinión, una cosa es que deban cumplir condena y otra, permanecer “indiferentes ante situaciones lacerantes que están padeciendo” en lo que tachó de “verdaderos infiernos”.

Por su parte, Delia Blanco (PSOE) criticó que el PP, “cuando ha querido hacer traslados rápidos, los ha hecho”. En este sentido, destacó los casos del pederasta trasladado a España desde Marruecos o el caso del secretario general de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, Ángel Carromero, condenado en Cuba por la muerte en accidente de tráfico del disidente Oswaldo Payá.

TALLA MORAL

Recalcó que “una sociedad marca su talla moral por cómo trata a los más excluidos” y dijo que “si hay un colectivo de excluidos son los presos en terceros países”, que “carecen de ayuda letrada y de contacto con sus propias familias”. “Es un tema estrictamente humanitario”, defendió.

Por parte de CiU intervino Feliu-Joan Guillaumes (CiU), quien señaló que “es imposible oponerse a una iniciativa de esta características” porque “no parece razonable que una vez que crucen la frontera” los presos españoles pierdan ese derecho a unas condiciones “mínimas” que sí tendrían en España.

Gaspar Llamazares, del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, denunció el “verdadero calvario burocrático” que para los presos supone ver efectivo su traslado, pues sólo se resuelven el 5% anual de los que se solicitan.

Irene Lozano (UPyD) tachó de “hipócrita” plantear una iniciativa como la defendida por el PP si no se dota del presupuesto adecuado, habida cuenta de que el que había para la ayuda de emergencia a presos en el extranjero “se ha reducido a la mitad”.

Emilio Olabarría (PNV) calificó la proposición no de ley del PP de “humana y democrática” y recordó que el marqués de Beccaría defendía el fin regenerador de la pena y se oponía a la tortura.

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto intervino Rafael Larreina (Amaiur), que puso en duda la “credibilidad” del Gobierno a la hora de llevar a cabo la propuesta, pues hasta ahora, dijo, ha sido “incapaz” de cubrir las necesidades de esos ciudadanos.

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