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((AVISO: esta información sustituye a la del servicio de hoy con el mismo titular, por un error en uno de los datos facilitados anteriormente)) ETA. El juez Ruz quiere llegar hasta el final en el chi

Agencias
@DiarioSigloXXI
lunes, 24 de enero de 2011, 15:29 h (CET)
MADRID, 24 (SERVIMEDIA)



El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado una batería de diligencias de prueba para intentar resolver todos los cabos sueltos en torno al chivatazo que alertó a ETA de la operación que se iba a llevar a cabo en el bar "Faisán" de Irún (Guipúzcoa) contra el aparato de extorsión de la banda terrorista, una causa en la que está imputado el que fuera director general de la Policía Nacional Víctor García Hidalgo.

Ruz subraya en un auto dictado este lunes que la investigación ha determinado que se trató de un “una acción presuntamente ejecutada por miembros del Cuerpo Nacional de Policía” con la que se intentó “evitar la detención de determinadas personas que estaban siendo investigadas por su presunta participación en una red de apoyo a la organización terrorista ETA a través de la recaudación del denominado ‘impuesto revolucionario’”.

“Se trataba de evitar la inminente detención del presunto miembro de ETA José Antonio Cau Aldanur, quien tenía previsto acudir el 4 de mayo a Irún para reunirse con Joseba Elosúa (dueño del bar ‘Faisán’) a fin de materializar la entrega de una supuesta cantidad de dinero presuntamente procedente del cobro del ‘impuesto revolucionario’”, señala el auto dictado por el magistrado en el marco de la causa en la que están imputados, además de García Hidalgo, dos miembros policiales de la lucha antiterrorista.

CITACIONES

Entre otras medidas el magistrado ha decidido citar a declarar en calidad de testigos para el próximo 8 de febrero a dos agentes de Brigada Provincial de Información de San Sebastián de la Policía Nacional para “aclarar determinadas contradicciones” en relación al chivatazo.

Uno de los agentes policiales citados a declarar era inspector jefe de la Sección Operativa de la Brigada de Información de San Sebastián cuando tuvo lugar el chivatazo, el 4 de mayo de 2006, mientras que el otro agente, una mujer, era jefa de la Sección de Análisis del mismo departamento. Ambos jefes policiales ya han prestado declaración en la Audiencia Nacional por este caso.

El magistrado, a través de un auto hecho público este lunes, señala que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de revelación de secretos y colaboración con organización terrorista, una figuras penales que podrían acarrear unas condenas de hasta 13 años de cárcel. Al superar el límite legal de nueve años de cárcel, Ruz se ha visto obligado a transformar en sumario las diligencias previas en la que se enmarcaba hasta ahora la investigación.

El magistrado también ha citado a declarar en calidad de testigo para el próximo 8 de febrero al subdirector del diario “La Razón” Jesús María Zuloaga, especializado en información de Interior y de la lucha antiterrorista. Ruz ha decidido llamarle a declarar por una conversación mantenida con el jefe superior de Policía del País Vasco el 19 de agosto de 2006, varios meses después de los hechos que investiga el magistrado.

GRABACIÓN DEL CHIVATAZO

El juez Ruz también ha acordado varias diligencias para obtener toda la información posible que se pueda extraer de la cinta de vídeo que grabó el exterior del bar “Faisán” el día que tuvo lugar el chivatazo y con la que se trata de demostrar que uno de los imputados, un miembro de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián, fue la persona que entregó un teléfono móvil al el dueño del bar "Faisán", Joseba Elosúa, supuesto cabecilla de la red de extorsión.

El magistrado pide a la Policía Nacional que, “a la mayor brevedad”, redacte un informe en el que se determine “la hora exacta en la que se produce la salida del bar” del individuo que entregó el teléfono a Elosua, así como qur se especifique por qué puerta abandonó el local.

Ruz pide que, de forma complementaria, y siempre que la calidad del vídeo lo permita, se realice una pericial fisionómica para determinar si el individuo que salió del edificio es efectivamente el agente de la policía imputado en la causa por haber presuntamente entregado en teléfono móvil. Solicita además a la Policía Nacional la elaboración de un “plano o croquis identificativos” de la zona en la que se encuentra el bar “Faisán”.

El magistrado también quiere saber por qué existen cortes en la cinta de la grabación del bar “Faisán”, por lo que ha solicitado que el informe de la Policía Nacional refleje la “certificación de la cadena de custodia” de la cinta de vídeo desde que fue grabada hasta que fue entregada a la Audiencia Nacional.

Para mayor garantía, y al tener en cuenta que podría haber agentes de la Policía Nacional implicados en los cortes existentes en la grabación del exterior del bar "Faisán", Ruz ha decidido ordenar también a la Guardia Civil la realización de un informe pericial audiovisual sobre la cinta. El magistrado pide a la Benemérita que determine si los cortes se produjeron durante la grabación o se introdujeron posteriormente y si estos fueron accidentales o intencionados.

PERICIAL SOBRE LAS LLAMADAS

El juez ordena además a los peritos de Telefónica que realicen un nuevo informe ampliatorio sobre todo el tráfico de llamadas que se produjo en torno al bar “Faisán” en los momentos previos al chivatazo. El magistrado especifica que se deben analizar todas las llamadas, incluidas las que se realizaron desde móviles con tarjetas prepago y las que pasaron por repetidores más alejados de la zona, incluidos los situados en Francia.

Ruz también ha ordenado diligencias para comprobar la coartada aportada por dos de los tres imputados, quienes aseguraron que el elevado tráfico de llamadas que realizaron el 4 de mayo de 2006 se debió a que estaban preparando una reunión con un confidente de ETA en el sur de Francia.

El juez pide a las defensas de los dos imputados que identifiquen al confidente de ETA para poder tomarle declaración y comprobar así la veracidad de la coartada aportada. Ruz deja claro que se aplicarán todas las medidas de protección de identidad sobre el confidente.

El magistrado ha acordado estas diligencias después de que el pasado mes de diciembre las autoridades judiciales francesas le remitieran un informe de 645 folios que contiene los datos que poseen en torno al supuesto chivatazo policial que alertó a ETA. Ruz decidió decretar el secreto de sumario sobre nueve folios de este informe.

 
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