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Lo imprescindible que no hacemos

Francisco Muro de Iscar
jueves, 3 de diciembre de 2020, 08:01 h (CET)
MADRID, 2 (OTR/PRESS) El Gobierno se ha garantizado una larga estabilidad con la aprobación de los PGE -el precio a pagar es otra cosa-, aunque si no fuera por Europa, o incluso con Europa, España estaría en quiebra. Sufre la peor recesión del mundo, sólo superada por Argentina; ninguna institución pública se cree las malas previsiones del Gobierno español -todas apuntan que serán mucho peores-; no volveremos a niveles precrisis hasta, al menos, 2023, y los restantes datos son aún más preocupantes. Tranquilos, ningún país ha quebrado hasta ahora, ni siquiera Argentina que ostenta el récord de políticos especializados en esquilmar las arcas públicas. Aunque siempre puede haber una primera vez.

Según datos del Banco de España, la mitad de las empresas españolas, entre ellas las del comercio, están en pérdidas a pesar de los recortes de gastos, los ERTE y las ayudas públicas. En hostelería y automóvil, dos de sectores básicos, esas pérdidas llegan hasta el 75 por ciento y un tercio del sector hostelero es ya insolvente. Se calcula que, al menos, un 10 por ciento de las empresas acabarán en quiebra y esa cascada, no solo incrementará las cifras del desempleo, sino que acabará afectando al sistema financiero, que sigue arrastrando importantes problemas estructurales y a otras empresas. Seguimos teniendo el paro juvenil más alto de Europa y las tasas de fracaso escolar más elevadas, aunque, curiosamente, han disminuido de forma importante en los años de aplicación de la "malvada" Ley Wert.

Nuestra productividad está estancada desde los años 80 o 90 y nuestras exportaciones, aunque han crecido en la anterior crisis, tienen poco valor añadido. La pandemia ha hundido el sector del turismo y la ministra del ramo ha tenido la brillante ocurrencia de decir que no baja el IVA al turismo porque eso "solo mejoraría la cuenta de resultados de las empresas". No es verdad, solo ayudaría a las que, a costa de grandes pérdidas, puedan seguir abiertas.

Los que saben, dicen que lo que nos pasa no es un accidente, aunque el COVID lo sea, sino la consecuencia de haber aplicado malas políticas durante mucho tiempo. Ya hemos tenido otras crisis económicas, tres o cuatro profundas en los últimos treinta años, y no hemos aprendido nada. Por eso, lo importante ahora no es solo la reconstrucción del país, la salida de la crisis o el mejor empleo de los fondos de la Unión Europea, sino aprovechar la oportunidad para cambiar el rumbo de la economía española, para incentivar sectores punteros, para tener una estrategia. Y eso no es posible hacerlo desde la soberbia de un Gobierno excluyente o desde pactos con quienes no buscan el bien general de los españoles sino objetivos cortoplacistas que, además, dividen y separan.

Si de verdad este Gobierno quiere cambiar y modernizar España ya tendría que haber convocado a los mejores científicos, técnicos, financieros, juristas, expertos en sectores punteros -los tenemos a decenas en España, en nuestras mejores empresas, en algunas Universidades, en centros de investigación, en laboratorios punteros- y crear grupos de trabajo que propongan una batería de medidas y de proyectos para reformar, innovar y modernizar, con el máximo consenso posible, la maltratada educación, esa Administración española que todavía está, con leves excepciones, en el siglo XIX, situar a la economía española en condiciones de competir, y dotar a todo el entramado de seguridad jurídica.

Solo una economía sólida - y la nuestra no lo es- y con firmes bases jurídicas puede sostener un Estado del Bienestar que merezca ese nombre. Si dejamos que sean los políticos los que decidan el camino, sin consenso y sin participación de los que saben, ni siquiera Europa nos salvará la próxima vez.

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