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MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
La Comisión de Derechos Humanos Etíope (EHRC) ha denunciado este martes que al menos 600 civiles murieron el pasado 9 de noviembre en una masacre cometida por fuerzas leales al Frente Popular de Liberación de Tigray (TPLF) en la localidad de Maikadra, en el oeste de la región de Tigray.
La masacre, ha explicado en un comunicado, fue ofra de "un grupo informal de jóvenes tigray conocido como 'Samri', ayudado e incitado por miembros de lo que entonces era la administración local y las fuerzas de seguridad" de la localidad.
La estimación en base a los testimonios recabados es que "al menos 600 civiles fueron asesinados" pero el balance podría ser mayor ya que hay personas que permanecen desaparecidas y habría cuerpos enterrados fuera de la localidad. Amnistía Internacional ya había denunciado el pasado 12 de noviembre la matanza de "un gran número de civiles", probablemente "cientos", en esta localidad.
De acuerdo con la comisión, antes de retirarse ante el avance del Ejército etíope, que el 4 de noviembre había lanzado una ofensiva sobre Tigray contra las fuerzas del TPLF, "la milicia local y el aparato de seguridad aunaron fuerzas con miembros del grupo Samri para llevar a cabo redadas puerta por puerta y asesinar a cientos de personas que identificaron como de etnia amahara o wolkait, golpeándoles con palos, apuñalándoles con cuchillos, machetes y hachas y estrangulándoles con cuerdas".
Según explica la EHRC, que visitó tanto Maikadra como otras localidades próximas, los hechos cometidos podrían constituir "crímenes contra la Humanidad y crímenes de guerra".
"El crimen inimaginablemente atroz cometido contra civiles por ningún otro motivo que su etnia es desgarrador", ha reconocido el jefe de la comisión, Daniel Bekele. No obstante, ha dicho sentirse consolado por "las historias de etíopes que miraron más allá del origen étnico para ayudar a sus compatriotas en un momento de necesidad".
"Estas historias mantienen la esperanza de una vuelta a la coexistencia pacífica", ha añadido en un comunicado, en el que ha defendido la necesidad de ayudar a las víctimas y de que "los autores implicados directa o indirectamente a todos los niveles rindan cuentas ante la ley".
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