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MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
El secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, y la secretaria de Estado de Hacienda y presidenta de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Inés María Bardón, han firmado un acuerdo de encomienda de gestión a la Agencia Tributaria para la realización de investigaciones patrimoniales.
Así se desprende de una resolución del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la que se considera que la experiencia y buen hacer desarrollado por el personal de la Agencia Tributaria en sus labores de investigación para el descubrimiento del fraude fiscal podría extenderse a las tareas efectuadas en el ámbito judicial por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
De esta forma, la AEAT realizará, mediante personal especializado, las investigaciones patrimoniales que sean necesarias para el mejor desarrollo y la mayor eficacia de las competencias atribuidas a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública respecto a la "localización y recuperación de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal y de cualesquiera otras que se le atribuyan, en los términos previstos en la legislación penal y procesal".
En virtud de la encomienda de gestión, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública encomienda a la AEAT la realización de investigaciones patrimoniales por medio de expertos analistas tributarios y aduaneros en cumplimiento del deber de auxilio a los tibunales, y con el fin de prestar la colaboración necesaria a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, en tanto que ésta no cuente con personal propio cualificado para realizar esas funciones.
Del lado de la AEAT asignará el personal con perfil adecuado para llevar a cabo las investigaciones patrimoniales, asegurando en todo momento el personal necesario para la realización de las mismas. Dicho personal realizará las funciones encomendadas en las dependencias de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, con acceso remoto a las aplicaciones y herramientas informáticas propias de la Agencia Tributaria.
Asimismo, la AEAT tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal de los que sea responsable la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal.
Por su parte, el Ministerio de Justicia delimitará los expedientes en los que sea precisa la realización de investigaciones patrimoniales por la AETAT y facilitará al organismo tributario los ordenadores y demás medios técnicos y dispositivos electrónicos necesarios para el desarrollo de las labores de análisis en sus dependencias, incluyendo el acceso remoto a sus aplicaciones y herramientas informáticas.
De igual forma, facilitará a los expertos analistas tributarios y aduaneros asignados por la AEAT para realizar las investigaciones patrimoniales, el acceso a las bases de datos y demás recursos disponibles en la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, al tiempo que permitirá la intervención del personal de la AEAT que desarrolle las labores de investigación encomendadas, en su equipo multidisciplinar de análisis.
También facilitará cursos de formación y perfeccionamiento al personal de la Agencia Tributaria con el objeto de permitir un mejor conocimiento de las necesidades del órgano encomendante.
Como consecuencia del cumplimiento y desarrollo de los compromisos adquiridos en el acuerdo, no se asumen obligaciones ni compromisos económicos de naturaleza ordinaria ni extraordinaria por ninguna de las partes firmantes.
La encomienda entrará en vigor este miércoles, el día siguiente de su publicación en el BOE, y surtirá efectos durante el plazo de cuatro años desde dicha fecha, si bien este plazo podrá prorrogarse de mutuo acuerdo, mediante adenda expresa, sin que el plazo total de duración de la encomienda pueda exceder, prórrogas incluidas, de ochoaños.
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