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MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
CCOO, UGT, la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) y la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) han presentado este lunes al secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, un plan de choque que "restituya la calidad y la suficiencia de las prestaciones" del Sistema de Dependencia y que propone realizar una auditoría para conocer los efectos de la crisis del Covid-19.
Así lo han explicado el secretario Confederal CCOO, Carlos Bravo; la secretaria Confederal UGT, Adela Carrió; el secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), Jesús Cubero; y el portavoz de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE), Valeriano López.
Tras una reunión mantenida con Álvarez, las cuatro organizaciones han presentado en rueda de prensa una propuesta consensuada sobre el modelo de atención del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) tras la crisis sanitaria derivada del nuevo coronavirus.
Las líneas generales de actuación que, a su juicio, deben vertebrar este plan pasan por recuperar la calidad de la atención como eje articulador y objetivo prioritario del sistema de Dependencia, así como la mejora de la calidad en el empleo.
"Debemos hacer un esfuerzo todos por incrementar la calidad del sistema de cuidados que tenemos en España, de forma notable y urgente. Nuestros mayores merecen un sistema de cuidados que esté a la altura de las circunstancias y que se adapte a sus necesidades hoy en día", ha destacado Cubero.
En este sentido, consideran necesario liderar y hacer un seguimiento desde el Gobierno central del proceso, que "marcará la agenda de trabajo con el resto de administraciones y actores implicados, garantizando su cumplimiento y recuperando el nivel de financiación vinculado a los compromisos de dicha agenda".
EVALUACIÓN Y AUDITORÍA
Apuestan por la evaluación del proceso de implantación del SAAD con la participación del conjunto de administraciones y actores implicados y por realizar una auditoría para conocer los efectos de la crisis sanitaria en el sistema y la respuesta que se ha dado desde los distintos centros y servicios que lo conforman.
Asimismo, reclaman la reversión de "los recortes impuestos durante la crisis anterior", así como la revisión del catálogo de prestaciones, los requisitos de acreditación y mejorar la financiación. "Denunciamos la infrafinanciación del sistema, que se concentra fundamentalmente en el Estado central, donde desde 2012 vemos decrecer la aportación", ha afirmado el secretario Confederal CCOO, Carlos Bravo.
Entre estos requisitos que apuntan se halla la adecuación de las ratios profesionales, desglosadas por categorías profesionales, "mejorar la financiación de los servicios contemplados en el SAAD y mejorar ostensiblemente las retribuciones del personal que trabaja en el sector, ante la escasez de profesionales que está empezando a dificultar prestar una adecuada atención a las personas dependientes".
Agilizar la modificación de los grados de dependencia; revisar los instrumentos que garantizan el control público de la calidad en los servicios, y articular los mecanismos efectivos de intervención, entre ellos la inspección, son otras de las medidas.
También abogan por el establecimiento de un modelo de coordinación socio-sanitaria bajo la supervisión de los servicios públicos de salud, y por la reorganización de los centros de atención de personas dependientes, en función de los grados de dependencia de los usuarios y del volumen de usuarios de los diferentes grados, y teniendo en cuenta determinados perfiles de atención sanitaria de las personas dependientes, sobre todo los relacionados con el deterioro cognitivo y patologías y secuelas neurológicas.
Para ello, sindicatos y patronal proponen la creación de un sistema de acreditación de centros residenciales por niveles, que permita atender a todas las personas mayores en función de sus necesidades de atención social y sanitaria.
En esta misma línea, apuestan por la creación de un sistema público centralizado y unificado de información que permita disponer en tiempo real de la situación en todos los centros residenciales. "No puede repetirse la situación de la pandemia", ha defendido Cubero, que ha recordado que "los centros residenciales reportaban, diariamente, información en cuatro y cinco sistemas a las Consejerías de Políticas Sociales, de Sanidad, al Ministerio, a la Guardia Civil, a los ayuntamientos".
Además, las organizaciones quieren potenciar los servicios de promoción de la autonomía personal para posibilitar que la persona mayor pueda vivir con las garantías suficientes en su hogar el mayor tiempo posible. "La mejor casa es la de uno. Cuanto más tiempo posible mejor", ha enfatizado López.
De este modo, se potenciarán los servicios de Teleasistencia, Ayuda a Domicilio y Centros de Día. En concreto, Valeriano López ha explicado que es necesario que las empresas "cumplan unos estándares" de calidad y que la administración cree un organismo de inspección que permita "sacar del mercado a aquellas empresas que no cumplan".
La atribución a la jurisdicción social de los litigios en materia de Dependencia y el restablecimiento del Diálogo Social, fundamental para abordar y consensuar las soluciones y decisiones, que deben ser tomadas en el menor tiempo posible.
En la presentación del plan, la secretaria Confederal UGT, Adela Carrió, ha declarado que "no es de recibo" que las personas mayores "hayan pasado por esta situación tan caótica" ni que las trabajadoras hayan obtenido "la mínima respuesta de las administraciones". "Ha sido un despropósito. Este es el momento de darle la vuelta y conseguir que no vuelca a suceder", ha recalcado.
Durante su intervención, el secretario Confederal CCOO, Carlos Bravo, ha asegurado que han planteado al secretario de Estado la necesidad de abordar todas estas cuestiones de manera "inmediata" y, para ello, la posibilidad de la convocatoria de los espacios de la mesa de diálogo social.
"La respuesta de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales ha sido positiva y, como primer resultado, se nos ha anunciado la disposición del Ministerio de hacer una convocatoria inmediata, en los próximos días, antes de acabar el mes de julio", ha afirmado Bravo. No obstante, fuentes de la Secretaría de Estado han detallado a Europa Press que la intención es convocarla "lo antes posible", pero ven complicado que sea antes de que termine el mes.
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