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Victoria Lafora
domingo, 31 de mayo de 2020, 08:00 h (CET)
MADRID, 30 (OTR/PRESS)Pese a que el vicepresidente Iglesias aprovechó ayer la comparecencia en Moncloa para apuntarse el tanto de la aprobación del ingreso mínimo vital, con la demagógica frase de agradecerle a Sánchez que hubiera atendido su propuesta, la gestión de los recursos y la puesta en marcha del cobro de la prestación va a depender del ministro se Seguridad Social.

Y menos mal que así ocurre, porque José Luis Escrivá es un técnico en la materia, un experto que llegó al Gobierno con el oficio aprendido y que tuvo en su momento que rebajar las "prisas" de los miembros de Podemos, desconocedores de la gestión pública.

Se empezará a cobrar a partir del quince de junio, con efecto retroactivo al día 1, y ayudará a muchos de los que ahora, y con vergüenza, hacen colas interminables para solicitar las ayudas alimentarias. Son familias a las que la anterior crisis económica dejó en el límite y a los que la pandemia ha colocado por debajo del umbral de la pobreza. Los que no tienen ni para comer.

Son 850.000 hogares, que se dice pronto, donde todos sus miembros están en el paro o con unas retribuciones tan exiguas que no se alcanza el salario mínimo. De ahí la diferencia en las cantidades a percibir que van desde los 462 euros para los que viven solos a los 1.015 para familias con dos hijos.

No se trata de potenciar el modelo de Estado subsidiador, donde se desincentiva la búsqueda de empleo. Salvo casos de mujeres maltratadas o víctimas de trata, hay que estar apuntado a una oficina del INEM. Pero, de ¿verdad, alguien piensa que en estos momentos es fácil encontrar un puesto de trabajo? ¿O que una pequeña empresa puede sostener los salarios de sus trabajadores sin actividad económica?

Por una vez, y antes de que el desastre llegue a más, el Estado cumple con su función y teje una malla salvavidas contra la miseria y la injusticia. Por una vez, se atiende a los que más lo necesitan y no se deja en el camino a un sector de la población, especialmente castigado por una debacle ajena a su rendimiento laboral.

Si en 2008 una parte importante de la sociedad española perdió su condición de clase media, a la que habían llegado con gran esfuerzo generacional, para pasar otra vez al umbral de la pobreza, ahora ya no quedaban escalones para descender. Y es cierto que existían otros subsidios de las Comunidades Autónomas, pero cada uno con su regulación y condiciones, lo que provoca agravios y desigualdades.

Esta vez y por intereses partidistas (hay que contar con los votos del PNV para salvar cualquier votación parlamentaria y para hacerse perdonar la última pifia del "pacto secreto" con Bildu) se ha cedido la gestión al País Vasco y Navarra, con la excusa de los fueros. Pero la ayuda será igualitaria y alcanzará a todos.

Se cumple así con una de las condiciones inexcusables del Estado de bienestar, imprescindible en un régimen democrático y ético.

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