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MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
La secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha duplicado el número de efectivos que vigilan el cumplimiento de la normativa fluvial y medioambiental en el dominio público hidráulico de la cuenca del segura donde el año 2019 abrió 207 expedientes sancionadores por riegos irregulares.
Según consta en el informe actualizado sobre el estado de situación de las actuaciones previstas por la administración general del Estado para abordar la situación de contaminación en el Mar Menor.
El documento, actualizado a fecha de 22 de enero, destaca que se han reforzado los efectivos de apoyo a los agentes medioambientales y a la policía fluvial para vigilar y controla el dominio público hidráulico y en la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha reforzado el personal para intensificar la inspección de las superficies de riego, los pozos y las desaladoras, con una encomienda a la empresa pública Tragsa que aumenta en 28 efectivos el equipo total disponible, el doble del equipo habitual. De ellos, 18 están en el Mar Menor y el resto en otras zonas de la cuenca.
Este equipo inspeccionará la zona en apoyo de los agentes medioambientales (AMAs) y los Guardas Fluviales. En total, actuarán dos grupos de trabajo, uno en desalobradoras y pozos ilegales y el segundo en superficies de riego ilegal.
Según el Ministerio, ya se ha inspeccionado la Comunidad de Regantes Arco Sur Mar Menor, con 3.000 hectáreas y se está inspeccionando ahora la cota 120 del Campo de Cartagena, que cuenta con una superficie de 11.100 hectáreas.
Además, se han abierto un total de 207 expedientes sancionadores e inspecciones en 2019 para controlar las instalaciones y los vertidos así como el uso privativo del agua sin autorización. La cifra supone más del doble que en 2018, cuando se abrieron 92 expedientes sancionadores por modificar el perímetro de riego, construcción de pozos e incumplimiento de la orden de clausura.
En cuanto a las desalobradoras sin autorización en el Campo de Cartagena, se están realizando inspecciones al menos dos días por semana con una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.
Esta operación ha motivado la aperturas de un total de 93 expedientes por detección de desalobradoras en el entorno del mar menor a final de 2019, casi el doble que el año anterior.
Por otro lado, en materia de control de vertidos, ha abierto 135 expedientes en 2019 por vertido contaminante de agua residual. En total se han remitido 81 expedientes por un total de 1.206,78 hectáreas denunciadas por uso privativo de aguas sin autorización.
Por otro lado, el Ministerio señala que hasta el 4 de diciembre se han incoado 11 expedientes sancionadores en los Ayuntamientos de San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares por no haber atendido al requerimiento de retirada o legalización de las ocupaciones del Dominio Público Marítimo Terrestre por tuberías que vierten al Mar Menor y que no cuentan con título habilitante.
De estos, 11 se detectaron en San Pedro del Pinatar, uno en el consistorio de San Javier y los diez restantes son pasos de aguas pluviales construidos por la Administración del Estado con las obras del paseo marítimo. El Ayuntamiento ha solicitado autorización para la mejora de los paseos marítimos y eliminación de estos 10 puntos de vertido.
Las actuaciones forman parte de la 'Hoja de Ruta' del MITECORD para recuperar el Mar Menor que fue presentada el 24 de octubre y que incluye el conjunto de actuaciones de la Administración General del Estado para impedir más deterioro y revertir la situación de la laguna salada.
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