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BANGKOK, 21 (DPA/EP)
El Tribunal Constitucional de Tailandia ha desestimando este martes una acusación particular sobre el principal partido de la oposición, Futuro Adelante (FA), de querer derrocar la monarquía ante la falta de pruebas.
La acusación fue presentada en julio del año pasado por el abogado y antiguo asesor del Defensor del Pueblo, Natthaporn Toprayoon, al asegurar que los líderes opositores de Futuro Adelante habían violado el Artículo 49 de la Constitución que prohíbe cualquier intento de hacer caer la monarquía.
Pese a la sentencia, Natthaporn ha defendido que logró hacer con "éxito" la parte que le correspondía, pues como tailandés defendió la monarquía, pues ha asegurado que "gracias" a esta institución "hoy se puede vivir" en Tailandia.
Una de las alegaciones en las que Natthaporn se apoyó para acusar a la fuerza de la oposición fue que el símbolo de Futuro Adelante es un triángulo invertido muy similar al de los Iluminati, una sociedad secreta muy popular entre los aficionados a las teorías de la conspiración y que data del siglo XVIII, cuando se formó para oponerse a los abusos de las instituciones religiosas y del Estado.
Futuro Adelante fue el tercer partido más votado en los últimos comicios. A pesar de ser la segunda fuerza opositora, ha emergido como la voz más potente contra la coalición gobernante que dirige el general Prayuth Chan Ocha, líder de la junta castrense y actual primer ministro.
Su líder es Thanathorn Juangroongruangkit, uno de los políticos más mediáticos del país, en especial entre los más jóvenes, por sus constantes críticas a las autoridades militares que han gobernado desde el golpe de Estado de mayo de 2014.
A finales de noviembre de 2019, el Tribunal Constitucional de Tailandia decidió quitarle el escaño por incumplir supuestamente la legislación electoral. Un fallo que le dejó sin opciones de convertirse en el futuro primer ministro, pues le inhabilita en política para los próximos diez años.
Thanathorn siempre defendió que se deshizo de las acciones que tenía y que la compañía cesó todas sus actividades, por lo que denunció las irregularidades del proceso judicial y señaló que el alto tribunal había constatado que su empresa dejó de operar antes de las elecciones legislativas.
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